Por cuanto dinero te llevan a juicio: Guía esencial sobre deudas

El juicio por deudas es un tema relevante para muchas personas y empresas. Comprender por cuánto dinero te pueden llevar a juicio es esencial para gestionar las obligaciones financieras. En este artículo se abordarán las cantidades mínimas de deuda, los tipos de juicios y el proceso judicial. También se explorarán estrategias y alternativas para los deudores, así como las consecuencias del impago.

¿Qué hago si no puedo pagar mis deudas?

Si no puedes pagar tus deudas es posible que te lleven a juicio y te embarguen la nómina y las cuentas bancarias.

Pero existe una solución legal que te protege. Es l ley 25/2015 que ofrece un mecanismo para cancelar todas las deudas que no puedas pagar.

Esta ley está diseñada para ayudar a las personas que están sobre endeudadas y no les llega para pagar. Evitará que te lleven a juicio y si lo hacen no te podrán embargar porque la deuda será cancelada.

Si esta opción te interesa rellena nuestro formulario y te informaremos de si cumples los requisitos para cancelar la deuda y evitar los embargos.

Nuestro abogado José Ruz te explica por cuánto te llevan a juicio

Cantidad mínima de deuda para ir a juicio

La cantidad mínima de deuda que puede llevar a juicio es un aspecto crucial a la hora de gestionar reclamaciones. Aunque no existe un umbral específico, hay factores legales y prácticos que determinan la viabilidad de iniciar un proceso judicial.

Aspectos legales de la cuantía mínima

En el marco de la legislación española, no hay un monto mínimo establecido que impida la reclamación de una deuda en sede judicial. Esto significa que cualquier deuda puede ser objeto de demanda. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece que las deudas deben ser dinerarias, líquidas y exigibles para que se pueda proceder legalmente contra el deudor.

Deuda dineraria

La deuda debe ser exclusivamente de dinero, por lo que deudas que impliquen obligaciones de hacer o de entregar bienes no son reclamables en este contexto. Este aspecto es fundamental para que un juicio pueda ser iniciado, ya que las situaciones donde no se trata de dinero no son aptas para los procedimientos que se describen en la LEC.

Deuda líquida y determinada

Para que una deuda sea considerada líquida, debe ser cuantificable y el importe exacto debe estar definido en el acuerdo original. Esto significa que no se pueden presentar demandas por cantidades indefinidas ni por estimaciones. La claridad en la cantidad reclamada es vital para facilitar el proceso judicial.

Factores que influyen en la decisión

Pese a que no exista una cantidad mínima legalmente establecida, varios factores afectan la decisión de llevar a juicio a un deudor. Estos incluyen la naturaleza de la deuda, la relación entre las partes y la capacidad del acreedor para asumir los costes asociados con el proceso.

• Relación entre acreedor y deudor: La naturaleza de la relación puede influir en la decisión de reclamar judicialmente. Si la relación es de carácter personal, el acreedor puede optar por buscar soluciones amistosas antes de recurrir a un juicio.
• Posibilidad de cobro: Los acreedores evaluarán las posibilidades de recuperar la deuda. Si el importe es bajo y el deudor tiene un historial de impago, podría no valer la pena iniciar un procedimiento judicial.
• Coste del juicio: Iniciar un juicio conlleva gastos en tasas y honorarios legales. Si la deuda es relativamente pequeña, los costes legales pueden superar la cantidad a recuperar, lo que desincentiva la acción judicial.

Costes asociados y viabilidad económica

Los costes implicados en un juicio por deudas son un aspecto que debe ser considerado por los acreedores antes de decidir iniciar un proceso. Estos gastos pueden variar considerablemente dependiendo de la cuantía de la deuda y del tipo de juicio necesario.

• Tasas judiciales: Se debe pagar una tasa al iniciar el proceso, cuyo monto puede variar según la cantidad de la deuda. Esto puede representar un porcentaje del importe reclamado.
• Honorarios de abogados y procuradores: Si se decide contar con representación legal, los honorarios pueden ser significativos, especialmente si se requiere un juicio ordinario, que es más complejo y prolongado.
• Coste de recursos adicionales: Dependiendo de la naturaleza del juicio, podrían requerirse pruebas, testimonios o la obtención de documentación adicional, lo que puede incrementar los gastos totales del proceso.

En general, la viabilidad económica de llevar a juicio a un deudor con respecto a la suma adeudada es un tema crítico. Cuando los costes superan el potencial de recuperación de la deuda, los acreedores a menudo optan por otras vías, como la negociación de pagos o acuerdos extrajudiciales.

Tipos de juicios por deudas

Los juicios por deudas pueden clasificarse en dos categorías principales, cada una adecuada para diferentes situaciones en función de la cantidad de la deuda y las características del proceso judicial. A continuación, se describen los tipos de juicios más relevantes.

Juicio verbal

El juicio verbal es un procedimiento judicial más ágil, que se utiliza generalmente para deudas que no superan los 6.000 euros. Este tipo de juicio es idóneo para reclamaciones sencillas y menos complejas, lo que lo convierte en una opción popular entre los acreedores.

Características del juicio verbal

El juicio verbal presenta varias características distintivas que lo diferencian de otros procesos judiciales:

• Procedimiento más rápido en comparación con el juicio ordinario.
• Menores costos asociados, tanto para el acreedor como para el deudor.
• Representación legal no obligatoria si la deuda es inferior a 2.000 euros.

Procedimientos simplificados

Dentro del marco del juicio verbal, se establece un procedimiento simplificado que permite gestionar las deudas de manera más eficiente. Este procedimiento incluye:

• Un único acto de juicio donde se presentan las partes y se exponen los argumentos.
• La posibilidad de que el juez tome decisiones inmediatas sin necesidad de un proceso más prolongado.
• Un enfoque en la oralidad, lo que facilita la comunicación entre las partes.

Juicio ordinario

El juicio ordinario se emplea para deudas que superan los 6.000 euros y es más complejo en términos legales y procesales. Este procedimiento es más formal y requiere más tiempo para su resolución.

Complejidad y duración

El juicio ordinario se distingue por su mayor complejidad, lo que puede acarrear un tiempo considerable antes de alcanzar una resolución. Algunas de las razones son:

• Necesidad de presentar documentaciones y pruebas más elaboradas.
• Posibilidad de múltiples audiencias y fases previas al juicio final.
• Intervención de abogados y procuradores es obligatoria, lo que incrementa los costos.

Presentación de pruebas

Durante el juicio ordinario, la presentación de pruebas es esencial. Esto incluye:

• Documentación que respalde la existencia y la cuantía de la deuda.
• Testimonios de testigos si son necesarios para probar la veracidad de la reclamación.
• La capacidad de presentar alegaciones y contrarrestar las pruebas del deudor.

La correcta presentación de estas evidencias es fundamental para el resultado del proceso ya que el juez toma decisiones basadas en la información presentada por ambas partes.

Proceso judicial: Juicio monitorio

El juicio monitorio es un procedimiento que facilita la reclamación de deudas de manera ágil y efectiva. A continuación se detallan los requisitos necesarios para su inicio y las fases que lo componen.

Requisitos para iniciar un juicio monitorio

Antes de presentar una solicitud de juicio monitorio, es fundamental que la deuda cumpla con ciertos requisitos. Estos requisitos aseguran que la reclamación sea justa y procedente, así como que se respeten las normativas legales establecidas.

Deuda dineraria, líquida y determinada

La deuda que se desea reclamar debe ser dineraria, lo que significa que debe consistir únicamente en una cantidad de dinero. No se aceptan deudas que impliquen obligaciones de hacer o de entregar bienes.

Además, la deuda tiene que ser líquida. Esto implica que debe ser cuantificable de forma exacta, es decir, que se debe conocer con claridad el importe total que se reclama. Por ejemplo, si se debe una cantidad por servicios prestados, debe estar claramente especificado en la factura o acuerdo correspondiente.

También es necesario que la deuda sea determinada, lo que significa que debe señalarse un monto específico al presentar la solicitud. No se pueden demandar cantidades indeterminadas o con condiciones. Esta certeza en la deuda es clave para el éxito del procedimiento.

Condiciones de exigibilidad y vencimiento

Otra condición que debe cumplirse es que la deuda esté vencida y sea exigible. Esto significa que debe haber pasado el plazo establecido para el pago y que el deudor no debe tener ningún impedimento legal que le exima de realizar el pago. Por lo tanto, una deuda que aún no ha llegado a su fecha de vencimiento no puede ser objeto de un juicio monitorio.

Fases del juicio monitorio

El juicio monitorio consta de varias fases que se desarrollan de manera secuencial, cada una con su propio procedimiento y requisitos. A continuación se describen las fases principales de este proceso judicial.

Fase de petición

El proceso comienza con la presentación de una solicitud ante el juzgado. Este documento debe contener información relevante, como la identidad de las partes involucradas, la cantidad de deuda y cualquier documentación que respalde la existencia de dicha deuda.

En esta fase, no es obligatorio contar con la representación de un abogado, pero se recomienda encarecidamente para garantizar una correcta gestión del proceso y evitar errores en la documentación presentada.

Requerimiento de pago

Una vez que la petición ha sido admitida, el tribunal emite un requerimiento de pago al deudor. Este requerimiento establece un plazo máximo de veinte días hábiles para que el deudor pague la cantidad reclamante. Este es un momento crucial en el proceso, ya que aquí el deudor tiene tres opciones posibles:

• Pagar la deuda y finalizar el procedimiento.
• Ignorar el requerimiento, lo que permitirá al acreedor continuar adelante con la reclamación mediante el embargo de bienes.
• Presentar alegaciones en contra del requerimiento de pago, lo que dará lugar a un juicio verbal u ordinario dependiendo de la cantidad total adeudada.

Así, el juicio monitorio es una herramienta útil que proporciona a los acreedores un procedimiento simplificado para la reclamación de deudas, siempre y cuando se cumplan con sus requisitos y fases establecidas.

Estrategias y alternativas para deudores

Existen varias estrategias y alternativas que los deudores pueden considerar para manejar sus obligaciones financieras y evitar la vía judicial. Estas opciones permiten encontrar soluciones más adecuadas y less invasivas.

Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad es una legislación española que ofrece a particulares y autónomos la posibilidad de reestructurar sus deudas de manera que puedan hacer frente a sus obligaciones de forma más sostenible. Esta ley proporciona herramientas que pueden ser cruciales para aquellos que enfrentan dificultades económicas serias.

Reestructuración de deudas

La reestructuración de deudas permite a los deudores renegociar los términos de sus obligaciones financieras. A través de este procedimiento, se pueden modificar aspectos como:

• Plazos de pago.
• Tasas de interés.
• Cuotas mensuales.

Este enfoque facilita a los deudores la posibilidad de gestionar sus pagos de una manera más acorde con su capacidad económica actual. Al ajustar las condiciones de la deuda, se busca evitar el impago y potenciales acciones legales por parte de los acreedores. Este proceso no solo proporciona alivio económico, sino que también puede ayudar a restaurar la confianza de los acreedores en la capacidad de pago del deudor.

Cancelación parcial o total

En algunos casos, la Ley de Segunda Oportunidad puede llevar a la cancelación total o parcial de las deudas. Esto es especialmente útil para aquellos que se encuentran en situaciones críticas y no pueden cumplir con sus obligaciones. La cancelación de deudas está sujeta a ciertas condiciones:

• El deudor debe haber intentado previamente llegar a un acuerdo con los acreedores.
• El patrimonio debe ser insuficiente para cubrir las deudas existentes.
• Se requiere un informe de viabilidad económica que acredite la situación del deudor.

Esta posibilidad brinda un respiro a quienes necesitan un nuevo comienzo financiero, permitiendo reiniciar su vida económica sin el peso agobiante de deudas insostenibles.

Consecuencias del impago

No cumplir con las obligaciones de pago puede acarrear diversas consecuencias que pueden afectar significativamente la situación financiera de un deudor. Es importante ser consciente de los posibles escenarios que pueden surgir por la falta de pago.

Embargo de bienes

Uno de los riesgos más serio que enfrenta un deudor que no paga sus deudas es el embargo de bienes. En caso de que se inicie un procedimiento judicial exitoso por parte del acreedor, se pueden llevar a cabo embargos sobre:

• Bienes inmuebles, como casas y terrenos.
• Bienes muebles, como vehículos y electrodomésticos.
• Fondos en cuentas bancarias.

El embargo es un proceso legal que permite al acreedor recuperar el dinero adeudado a través de la venta de estos bienes. Esta situación puede resultar en la pérdida no solo de la propiedad, sino también de la capacidad del deudor para mantener un nivel de vida razonable.

Retenciones de nómina

Otra consecuencia del impago son las retenciones de nómina. En esta situación, una parte del salario del deudor puede ser retenido directamente por su empleador para saldar las deudas impagas. Las condiciones para que se pueda llevar a cabo esta retención son:

• La deuda debe ser reconocida judicialmente.
• La retención no puede exceder ciertos límites establecidos por la ley.

Las retenciones de nómina pueden afectar la capacidad del deudor para cubrir sus gastos cotidianos, puesto que reduce su ingreso disponible de forma significativa. Este tipo de acciones subraya la importancia de gestionar las deudas de manera proactiva y buscar soluciones antes de que se conviertan en problemas mayores.

Preguntas frecuentes sobre juicios por deudas

En esta sección se abordarán las inquietudes más comunes sobre los juicios relacionados con deudas. Los aspectos legales pueden generar incertidumbre, y entender mejor estos procedimientos es fundamental.

¿Cuánto tarda un procedimiento judicial?

La duración de un procedimiento judicial por deudas puede variar dependiendo de varios factores. Por lo general, un juicio verbal suele ser más rápido, pudiendo resolverse en un plazo que oscila entre tres y seis meses. Sin embargo, en casos más complejos que requieran un juicio ordinario, el proceso puede extenderse hasta dos años o más. Los plazos dependen en gran medida de la carga de trabajo del juzgado, la cantidad de pruebas a presentar y la posible aparición de apelaciones.

Los diferentes procedimientos dentro del juicio monitorio tienen su propio ritmo. Desde la presentación inicial hasta el requerimiento de pago al deudor pueden pasar varias semanas. Si el deudor no responde, el proceso puede alargarse si es necesario pasar a un juicio verbal u ordinario, lo que complicaría y prolongaría considerablemente el tiempo total del procedimiento.

¿Será necesario contratar un abogado?

Si bien no es obligatorio contar con un abogado para todos los procedimientos, sí se recomienda encarecidamente para asegurar una adecuada representación. En el caso de deudas inferiores a 2.000 euros, la representación legal no es esencial. Sin embargo, para cantidades más altas y para otros procedimientos, como los juicios ordinarios, la presencia de un abogado es casi indispensable. Esta figura no solo aporta experiencia legal, sino que también puede ayudar en la redacción de escritos y en la presentación de pruebas pertinentes.

Además, un abogado especializado en deudas puede ofrecer estrategias sobre cómo abordar el procedimiento, ya sea mediante negociación previa con el deudor o durante el desarrollo del juicio. La asesoría legal puede facilitar una mejor comprensión de los derechos y obligaciones de cada parte, lo que es crucial para un resultado favorable.

¿Qué ocurre si ignoro un requerimiento de pago?

Ignorar un requerimiento de pago puede tener graves consecuencias. Al no atender un requerimiento emitido por el tribunal, el acreedor puede optar por iniciar un proceso de embargo de bienes, lo cual puede materializarse de manera rápida y efectiva. Este procedimiento puede incluir la retención de cuentas bancarias o el embargo de propiedades, afectando así de manera significativa la situación financiera del deudor.

Si el deudor decide no hacer frente a la deuda, es posible que el asunto se eleve a un juicio formal. El deudor tendrá entonces que presentar su defensa ante el tribunal, lo que puede derivar en una sentencia de condena. Declararse en rebeldía al no atender el requerimiento puede resultar en un fallo en contra del deudor, quien podría ver afectada su capacidad de solicitar créditos y realizar transacciones financieras en el futuro.