Cerrar empresa con deudas y abrir otra: Guía en España

Te proporcionamos una guía normativa y procedimental para aquellos empresarios o entidades que, enfrentándose a la situación de tener que cerrar una empresa con deudas, desean posteriormente emprender la creación de una nueva sociedad. Se abordará la regulación aplicable en España, detallando los pasos y consideraciones legales que deben tenerse en cuenta durante el proceso de liquidación de la empresa en cuestión, así como las implicaciones que este proceso tiene para los deudores, acreedores y administradores involucrados para conseguir cerrar la empresa con deudas y abrir otra.

Además, se expondrán los requisitos y procedimientos necesarios para la constitución de una nueva empresa, asegurando que se cumplan todas las obligaciones legales y se minimicen los riesgos asociados a la transición.

Proteger el patrimonio de las deudas de la antigua empresa

La preocupación más habitual cuando tienes que cerrar una empresa con deudas es la posibilidad de que respondas personalmente por todas esas deudas.

Existe una forma correcta de cerrar una empresa con deudas y evitar tener que responder personalmente de ellas.

Para ello has de seguir un proceso y cumplir unos requisitos.

Si te interesa que te informemos de cómo hacerlo, rellena nuestro formulario y contacta con nosotros.

Contexto Normativo y Procedimental

El proceso de cierre de una empresa en España, especialmente cuando esta cuenta con deudas pendientes, está regulado por una serie de normativas que establecen los procedimientos y requisitos legales a seguir. El marco normativo aplicable se encuentra principalmente en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley Concursal, Ley 22/2003, de 9 de julio, y sus posteriores modificaciones.

La Ley de Sociedades de Capital regula las distintas formas societarias y sus procesos de disolución y liquidación. Establece los pasos a seguir para la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad y la distribución del patrimonio resultante entre los acreedores y socios.

Por otro lado, la Ley Concursal establece el marco legal para la reestructuración de deudas y la liquidación de activos de empresas en situación de insolvencia. Esta ley tiene como objetivo asegurar una distribución equitativa de los activos entre los acreedores, así como la posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan la continuidad de la actividad empresarial, siempre que sea viable.

Inicio del procedimiento

El procedimiento concursal se inicia mediante la presentación de una solicitud en el juzgado de lo mercantil competente, ya sea de forma voluntaria por parte de la empresa deudora o de forma necesaria por parte de los acreedores. Una vez admitida a trámite, se designa un administrador concursal que se encargará de gestionar el proceso, que puede concluir con un acuerdo de convenio o con la liquidación de la empresa.

En el caso de que la empresa decida cerrar y abrir una nueva entidad, es crucial tener en cuenta la normativa sobre sucesión de empresas y la responsabilidad de los administradores. La legislación española contempla mecanismos para evitar el fraude de ley, como la figura de la “levantamiento del velo”, que permite atribuir la responsabilidad a los administradores o socios que actúen de mala fe.

El proceso de constitución de una nueva empresa debe cumplir con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativas aplicables, como el Registro Mercantil y la Agencia Tributaria, asegurando que la nueva entidad cumpla con todas las obligaciones legales y fiscales desde su inicio.

Es importante destacar que el cierre de una empresa no exime a los administradores de sus responsabilidades legales, ni impide que los acreedores puedan ejercer sus derechos para cobrar las deudas pendientes. Por ello, es esencial contar con asesoramiento legal especializado que guíe a los administradores en el cumplimiento de sus obligaciones y en la protección de sus intereses y los de los acreedores durante todo el proceso.

Identificación de Deudas y Obligaciones Pendientes

Antes de proceder al cierre de una empresa con deudas, es esencial realizar una identificación exhaustiva de todas las obligaciones financieras pendientes. Este proceso implica la revisión detallada de los estados financieros de la empresa y la consulta con los departamentos contable y financiero para asegurar que todas las deudas están debidamente registradas y actualizadas.

1. Revisión de los Libros Contables: Se deben examinar los libros contables de la empresa para identificar todas las deudas registradas, incluyendo préstamos bancarios, líneas de crédito, obligaciones con proveedores, salarios y compensaciones pendientes a empleados, y cualquier otro pasivo.
2. Verificación de Contratos y Acuerdos: Es necesario revisar todos los contratos y acuerdos vigentes para determinar posibles obligaciones no reflejadas en los libros contables, como indemnizaciones por cancelación anticipada, penalizaciones o garantías otorgadas.
3. Consultas con Acreedores: Se debe establecer comunicación con los acreedores para confirmar los saldos pendientes y obtener detalles sobre los términos y condiciones de las deudas, incluyendo plazos, intereses y garantías asociadas.
4. Revisión de Obligaciones Fiscales: Es crucial verificar las obligaciones tributarias pendientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), incluyendo impuestos sobre sociedades, IVA, retenciones a cuenta y cualquier otro tributo aplicable.
5. Auditoría de Pasivos Contingentes: Se deben identificar pasivos contingentes, como litigios en curso o posibles reclamaciones laborales, que puedan convertirse en deudas reales para la empresa.
6. Informe de Deudas: Una vez recopilada toda la información, se elaborará un informe detallado de deudas y obligaciones pendientes, que servirá como base para las decisiones posteriores en el proceso de liquidación de la empresa.

Documentación requerida

Para llevar a cabo la identificación de deudas y obligaciones pendientes, se requerirá la siguiente documentación:

• Últimos estados financieros auditados.
• Libros contables y registros de transacciones.
• Contratos y acuerdos comerciales.
• Correspondencia con acreedores y confirmaciones de saldos.
• Declaraciones tributarias y comunicaciones con la AEAT.
• Documentación relacionada con litigios y reclamaciones.

Es importante tener en cuenta que la omisión de cualquier deuda o la falta de reconocimiento de una obligación puede tener consecuencias legales graves para los administradores de la empresa. Por lo tanto, este proceso debe ser llevado a cabo con la máxima diligencia y transparencia.

La identificación correcta y completa de las deudas y obligaciones pendientes es un paso fundamental en el proceso de liquidación de una empresa y esencial para proteger los intereses de los acreedores y cumplir con las normativas regulatorias de aplicación española.

Opciones Legales para el Cierre de la Empresa

El cierre de una empresa en España que cuenta con deudas pendientes debe realizarse de manera ordenada y conforme a la legislación vigente para evitar incurrir en responsabilidades adicionales. Las opciones legales para proceder al cierre de una empresa son principalmente dos: la disolución y liquidación voluntaria o el concurso de acreedores.

La disolución y liquidación voluntaria es el proceso que se inicia cuando los socios o el órgano de administración deciden cerrar la empresa de forma voluntaria. Este proceso se lleva a cabo cuando la empresa es solvente o cuando, siendo insolvente, los socios asumen las deudas pendientes. Los pasos generales son:

1. Acuerdo de Disolución: La junta general de socios debe adoptar el acuerdo de disolución de la sociedad, que deberá inscribirse en el Registro Mercantil.
2. Nombramiento de Liquidadores: Se procede al nombramiento de uno o más liquidadores, que reemplazarán a los administradores en sus funciones.
3. Liquidación de la Sociedad: Los liquidadores deben proceder a liquidar el activo social, pagar a los acreedores y, si sobra algún remanente, repartirlo entre los socios.
4. Extinción de la Sociedad: Una vez satisfechas las deudas y repartido el remanente, se procede a la extinción de la sociedad, inscribiéndola en el Registro Mercantil.

Pasos a seguir

El concurso de acreedores es el procedimiento legal aplicable cuando la empresa se encuentra en estado de insolvencia, es decir, cuando no puede hacer frente regularmente a sus obligaciones exigibles. Los pasos a seguir son:

1. Solicitud de Concurso: La solicitud de concurso puede ser voluntaria, presentada por la propia empresa, o necesaria, presentada por los acreedores.
2. Declaración de Concurso: El juzgado competente declara el concurso y nombra a la administración concursal.
3. Fase Común: Se realiza un inventario de los bienes y derechos de la empresa y se elabora la lista de acreedores.
4. Fase de Convenio o Liquidación: Se puede optar por un convenio con los acreedores para reestructurar la deuda y continuar con la actividad, o proceder a la liquidación de la empresa para satisfacer las deudas en la medida de lo posible.

Es importante destacar que la elección entre disolución y liquidación voluntaria o concurso de acreedores no es libre cuando la empresa está en insolvencia. En tal caso, la ley impone la obligación de solicitar el concurso de acreedores en un plazo máximo de dos meses desde que se conoce o debería conocerse la situación de insolvencia.

En ambos procesos, es fundamental el asesoramiento legal para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y minimizar los riesgos para los administradores y socios de la empresa.

Consecuencias de la Liquidación para los Deudores y Acreedores

La liquidación de una empresa con deudas en España implica varias consecuencias para deudores y acreedores. A continuación, los aspectos clave:

1. Responsabilidad de los Administradores: Los administradores pueden enfrentar responsabilidades personales si se demuestra mala gestión o incumplimiento legal durante la liquidación. Esto incluye responder por deudas si el proceso no sigue la ley.
2. Insolvencia Punible: Si hubo acciones fraudulentas que causaron la insolvencia, los administradores pueden ser sancionados penalmente.
3. Calificación del Concurso: En un concurso de acreedores, si se califica como culpable, los administradores pueden ser inhabilitados para gestionar bienes ajenos y perder derechos como acreedores.
4. Créditos Contra la Masa: Los créditos generados tras la declaración de concurso tienen prioridad de pago, lo que puede complicar el cierre ordenado de la empresa.
5. Orden de Pago: Los acreedores deben seguir un orden de prelación, donde los créditos contra la masa y con privilegio especial se pagan antes que los ordinarios o subordinados.
6. Quita y Espera: Los acreedores pueden tener que aceptar reducciones en el monto de la deuda (quita) o aplazamientos en el pago (espera) en un acuerdo de acreedores.
7. Derecho de Retención: Acreedores con derecho de retención sobre bienes de la empresa pueden ejercerlo para asegurar el cobro de sus créditos.
8. Acción de Responsabilidad: Los acreedores pueden demandar a los administradores si se prueba que la gestión fue perjudicial o fraudulenta.
9. Insuficiencia de Masa: Si los activos no cubren todas las deudas, los acreedores podrían no recuperar la totalidad de sus créditos.

Es esencial que deudores y acreedores cuenten con asesoría legal para proteger sus derechos y cumplir con la normativa vigente.

Creación de una Nueva Empresa

La creación de una nueva empresa en el contexto de haber cerrado una anterior con deudas conlleva una serie de consideraciones específicas que deben ser atendidas para cumplir con la normativa vigente y evitar incurrir en responsabilidades adicionales.

Es fundamental elegir la forma jurídica adecuada para la nueva empresa. Las opciones incluyen, pero no se limitan a, sociedad limitada (SL), sociedad anónima (SA), o empresario individual. Cada forma tiene sus propias implicaciones en términos de responsabilidad, capital mínimo, y requisitos de gestión.

El capital social mínimo requerido varía según la forma jurídica seleccionada. Por ejemplo, para constituir una SL se requiere un mínimo de 3.000 euros, mientras que para una SA el mínimo es de 60.000 euros, debiendo estar desembolsado, al menos, el 25% en el momento de la constitución.

La nueva empresa debe inscribirse en el Registro Mercantil correspondiente. Esto implica la presentación de la escritura de constitución, el cumplimiento de los requisitos formales y el pago de las tasas correspondientes.

Es necesario solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional y, posteriormente, el definitivo. Además, la empresa debe darse de alta en la Agencia Tributaria, seleccionando el régimen fiscal que le corresponda según su actividad y forma jurídica.

La empresa debe inscribirse en la Tesorería General de la Seguridad Social y, si procede, dar de alta a los trabajadores que vayan a estar empleados en la empresa.

Licencias específicas

Dependiendo del tipo de actividad que vaya a desarrollar la empresa, pueden ser necesarias licencias específicas o permisos administrativos. Es importante verificar los requisitos locales y sectoriales antes de iniciar la actividad.

En el caso de haber cerrado una empresa anterior con deudas, es crucial asegurarse de que la creación de la nueva empresa no se perciba como un acto de sucesión empresarial ilegítima o como un intento de eludir responsabilidades. Esto podría conllevar consecuencias legales, incluyendo la posible extensión de responsabilidades a la nueva empresa.

Se debe actuar con transparencia y seguir buenas prácticas empresariales para evitar cualquier sospecha de fraude o abuso de derecho. Esto incluye mantener una separación clara entre los patrimonios de la empresa cerrada y la nueva empresa.

La creación de una nueva empresa tras el cierre de otra con deudas es un proceso que debe manejarse con precaución y asesoramiento legal adecuado para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y evitar posibles complicaciones futuras.

Requisitos Legales para la Constitución de una Nueva Sociedad

La constitución de una nueva sociedad en España debe cumplir con los requisitos de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010). A continuación, los pasos esenciales:

1. Elección de la Forma Jurídica: Decidir el tipo de sociedad, como sociedad limitada o sociedad anónima.
2. Certificación Negativa de Denominación Social: Obtener un certificado del Registro Mercantil Central que confirme que el nombre elegido no está registrado.
3. Elaboración de los Estatutos Sociales: Los estatutos deben incluir la denominación social, objeto, domicilio, capital social, estructura administrativa y distribución de beneficios.
4. Capital Social: Aportar el capital mínimo requerido: 3.000 euros para sociedades limitadas y 60.000 euros para sociedades anónimas, desembolsado al constituir la sociedad.
5. Acto de Constitución ante Notario: Formalizar la escritura de constitución y los estatutos en una notaría.
6. Inscripción en el Registro Mercantil: Inscribir la sociedad en el Registro Mercantil de la provincia donde se establecerá.
7. Obtención del CIF y Alta en el IAE: Solicitar el Código de Identificación Fiscal (CIF) y registrarse en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) ante la AEAT.
8. Apertura de Cuenta Bancaria Empresarial: Abrir una cuenta a nombre de la sociedad para depositar el capital y gestionar las finanzas.
9. Legalización de Libros Oficiales: Legalizar libros de contabilidad, actas y registro de socios en el Registro Mercantil.
10. Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo: Informar a la autoridad laboral si habrá empleados.
11. Cumplimiento de Normativa Específica: Obtener licencias o cumplir regulaciones específicas según el sector.

Este proceso también puede realizarse de forma telemática a través del sistema CIRCE, lo que facilita la creación de empresas.

Estrategias para abrir una nueva empresa después del cierre por deudas

Tras cerrar una empresa con deudas, es fundamental establecer estrategias sólidas para iniciar una nueva empresa de forma exitosa. La viabilidad del nuevo negocio dependerá de un plan detallado que contemple aspectos financieros, negociaciones con proveedores y gestión adecuada del flujo de efectivo.

Elaboración de un plan de viabilidad para la nueva empresa

La primera fase consiste en desarrollar un plan que evalúe la viabilidad del nuevo negocio. Este documento debe incluir un análisis detallado del mercado objetivo, la competencia, proyecciones financieras y estrategias de marketing. Es fundamental establecer objetivos claros y realistas para guiar el crecimiento del negocio.

Negociación con proveedores y acreedores en la nueva etapa

Es crucial establecer relaciones sólidas con proveedores y acreedores para garantizar un funcionamiento fluido de la nueva empresa. La negociación de términos de pago favorables y acuerdos flexibles puede contribuir a establecer una base financiera sólida y evitar problemas de liquidez en el futuro.

Gestión del flujo de efectivo y planificación financiera

La gestión eficiente del flujo de efectivo es esencial para mantener la salud financiera de la empresa. Se deben implementar controles rigurosos para monitorear los ingresos y gastos, así como establecer reservas para enfrentar posibles imprevistos. La planificación financiera a largo plazo permitirá mantener una estabilidad económica en el nuevo emprendimiento.

Impacto de la apertura de una nueva empresa en la reputación empresarial

La apertura de una nueva empresa tras el cierre por deudas puede tener un impacto significativo en la reputación empresarial. Es esencial implementar estrategias efectivas para mantener una imagen positiva y establecer una comunicación fluida con los stakeholders durante el proceso de transición.

Estrategias para mantener una imagen positiva tras el cierre por deudas

• Revisar y mejorar los procesos internos para evitar futuras situaciones de insolvencia.
• Destacar los aspectos positivos de la nueva empresa y transmitir transparencia en todas las acciones.
• Establecer relaciones sólidas con clientes, proveedores y colaboradores para generar confianza.

Comunicación efectiva con stakeholders en el proceso de transición empresarial

Durante la transición hacia la nueva empresa, la comunicación efectiva con stakeholders es fundamental para garantizar una transición fluida y minimizar posibles malentendidos.

• Informar a los clientes sobre los cambios y las mejoras implementadas en la nueva empresa.
• Mantener una comunicación abierta y transparente con los proveedores para asegurar la continuidad de las operaciones.
• Escuchar activamente las inquietudes de los empleados y colaboradores y abordarlas de manera proactiva.

Estrategias para abrir una nueva empresa después del cierre por deudas

Tras cerrar una empresa con deudas, es fundamental establecer estrategias sólidas para iniciar una nueva empresa de forma exitosa. La viabilidad del nuevo negocio dependerá de un plan detallado que contemple aspectos financieros, negociaciones con proveedores y gestión adecuada del flujo de efectivo.

Elaboración de un plan de viabilidad para la nueva empresa

La primera fase consiste en desarrollar un plan que evalúe la viabilidad del nuevo negocio. Este documento debe incluir un análisis detallado del mercado objetivo, la competencia, proyecciones financieras y estrategias de marketing. Es fundamental establecer objetivos claros y realistas para guiar el crecimiento del negocio.

Negociación con proveedores y acreedores en la nueva etapa

Es crucial establecer relaciones sólidas con proveedores y acreedores para garantizar un funcionamiento fluido de la nueva empresa. La negociación de términos de pago favorables y acuerdos flexibles puede contribuir a establecer una base financiera sólida y evitar problemas de liquidez en el futuro.

Gestión del flujo de efectivo y planificación financiera

La gestión eficiente del flujo de efectivo es esencial para mantener la salud financiera de la empresa. Se deben implementar controles rigurosos para monitorear los ingresos y gastos, así como establecer reservas para enfrentar posibles imprevistos. La planificación financiera a largo plazo permitirá mantener una estabilidad económica en el nuevo emprendimiento.

Evaluación constante para asegurar la estabilidad financiera en la nueva empresa

Para garantizar la estabilidad financiera en la nueva empresa es esencial implementar medidas de control y seguimiento económico. Estos aspectos permitirán evaluar de forma constante la situación económica y tomar decisiones informadas.

Implementación de medidas de control y seguimiento económico

• Establecer un sistema de seguimiento de ingresos y gastos.
• Realizar análisis periódicos de la rentabilidad de la empresa.
• Implementar herramientas de control de presupuesto.

Importancia de ajustar objetivos y estrategias según la evolución de la empresa

La evolución del mercado y la propia empresa pueden requerir ajustes en los objetivos y estrategias para mantener la estabilidad financiera. Es fundamental estar abiertos a cambios y adaptarse según las necesidades del negocio.

• Evaluar regularmente si los objetivos planteados siguen siendo viables.
• Revisar las estrategias de producción, comercialización y financiación en función de los resultados obtenidos.
• Mantener una comunicación fluida entre los diferentes departamentos para asegurar la coherencia de las decisiones.

Responsabilidad de los Administradores en el Proceso de Liquidación

La responsabilidad de los administradores durante el proceso de liquidación de una empresa es un aspecto crucial que se encuentra regulado por la normativa española, concretamente en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), así como en la Ley Concursal.

Los administradores tienen el deber de actuar con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, velando por los intereses de la sociedad, incluso en una situación de liquidación. Esto implica una serie de obligaciones específicas que deben ser cumplidas para evitar incurrir en responsabilidades personales.

Cuando la empresa se encuentra en estado de insolvencia, es decir, no puede regularmente cumplir con sus obligaciones exigibles, los administradores tienen el deber de solicitar la declaración de concurso en un plazo máximo de dos meses desde que tuvieron conocimiento de dicho estado, conforme al artículo 5 de la Ley Concursal.

En caso de incumplimiento de la obligación de solicitar el concurso, los administradores pueden ser declarados responsables personalmente de las deudas sociales posteriores a la insolvencia, tal y como establece el artículo 367 del TRLSC. Esto puede incluir la obligación de satisfacer las deudas con su propio patrimonio.

Durante la fase de liquidación, los administradores deben continuar cumpliendo con sus obligaciones, gestionando los bienes de la sociedad de manera que se maximice el valor de la liquidación para poder satisfacer, en la medida de lo posible, a los acreedores.

Desde el momento en que se acuerda la disolución de la sociedad, los administradores no pueden iniciar nuevos negocios en nombre de la sociedad, sino únicamente aquellos necesarios para la liquidación directa de la misma.

Responsabilidad por daños dolosos o culposos

Los administradores pueden ser responsables de los daños causados por actos dolosos o culposos en la gestión de la liquidación. Si se demuestra que han actuado de manera fraudulenta o negligente, pueden ser obligados a responder con su patrimonio personal.

En caso de que se nombre a liquidadores, los administradores tienen la obligación de colaborar con ellos y proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de liquidación.

Los administradores deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser contraria a los intereses de los acreedores. Cualquier acuerdo social que perjudique los intereses de los acreedores puede ser impugnado.

En resumen, la responsabilidad de los administradores en el proceso de liquidación es extensa y su incumplimiento puede acarrear consecuencias personales graves. Es fundamental que los administradores estén bien asesorados y actúen conforme a la legalidad para proteger tanto los intereses de la sociedad y sus acreedores como su propio patrimonio.

Protección de los Derechos de los Acreedores

La protección de los derechos de los acreedores en el proceso de liquidación de una empresa es un aspecto fundamental en la normativa española. La legislación establece una serie de mecanismos para asegurar que los intereses de los acreedores sean considerados y que reciban el pago de las deudas en la medida de lo posible.

Durante la liquidación de una empresa, se sigue un orden de prelación en el pago de deudas, establecido en la Ley Concursal. Este orden determina que ciertas deudas tienen preferencia sobre otras. Las deudas con garantía real, los créditos contra la masa, y los créditos privilegiados, como los salarios o las indemnizaciones por despido, tienen prioridad en el cobro.

Para garantizar la transparencia y permitir que los acreedores estén informados, el proceso de liquidación debe ser publicitado en el Registro Mercantil y en el Boletín Oficial del Estado. Esto permite a los acreedores presentar sus créditos y participar en el proceso.

Los acreedores tienen derecho a impugnar los acuerdos que consideren perjudiciales para sus intereses. La Ley Concursal prevé un plazo y un procedimiento para que los acreedores puedan oponerse a los acuerdos adoptados en la junta de acreedores o por la administración concursal.

Si los acreedores consideran que ha habido una gestión fraudulenta o negligente que ha perjudicado sus intereses, pueden iniciar una acción de responsabilidad contra los administradores de la empresa. La ley establece la posibilidad de exigir responsabilidades por los daños causados.

Acuerdo extrajudicial de pagos

Antes de proceder a la liquidación, la empresa puede explorar la posibilidad de un acuerdo extrajudicial de pagos. Este mecanismo permite alcanzar un convenio con los acreedores para reestructurar la deuda y evitar la liquidación, protegiendo así los intereses de ambas partes.

Una vez concluido el proceso de liquidación y pagados los créditos conforme al orden de prelación, se procede al cierre de la liquidación. Los acreedores deben ser informados de la conclusión del proceso y de la distribución final de los activos.

La normativa española busca equilibrar la necesidad de cerrar empresas no viables con la protección de los derechos de los acreedores, estableciendo un marco legal que regula el proceso de liquidación de manera justa y ordenada.

Consideraciones Fiscales en la Liquidación y Constitución de Empresas

La liquidación y constitución de empresas conllevan una serie de consideraciones fiscales que deben ser meticulosamente evaluadas para cumplir con la normativa vigente y evitar contingencias tributarias.

En el proceso de liquidación, la empresa debe continuar cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Los resultados obtenidos hasta la fecha de liquidación deben declararse, así como cualquier ganancia o pérdida patrimonial derivada de la transmisión de activos.
La empresa en liquidación debe asegurarse de realizar las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a pagos realizados a terceros, como proveedores o empleados, y declararlos a la Agencia Tributaria.

El IVA generado en las operaciones hasta el momento de la liquidación debe ser reportado y liquidado. Además, la transmisión de activos como parte del proceso de liquidación puede estar sujeta a IVA.

La transmisión de inmuebles durante la liquidación puede generar una obligación tributaria por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como plusvalía municipal.

Constitución de nueva sociedad con deudas

La constitución de una nueva sociedad está sujeta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de operaciones societarias, aunque existen bonificaciones y exenciones en determinadas comunidades autónomas y para ciertas formas jurídicas.

Desde el inicio de su actividad, la empresa debe presentar el Impuesto sobre Sociedades. Esto incluye el primer ejercicio fiscal, sin importar la fecha de constitución. La empresa debe darse de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Además, debe cumplir con las obligaciones de facturación y declaración del IVA.

Es responsabilidad de la nueva empresa realizar las retenciones sobre salarios, profesionales y alquileres, y presentar los modelos tributarios correspondientes.

Es crucial que tanto en la liquidación como en la constitución de empresas se cumpla con todas las obligaciones fiscales y se tenga en cuenta la normativa específica aplicable para evitar sanciones y recargos. Se recomienda la consulta con un asesor fiscal para una adecuada planificación y cumplimiento tributario.

Referencias Legales

Ante el cierre de una empresa con deudas es esencial tener en cuenta las siguientes:

1. Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (Ley Concursal): Esta ley regula las condiciones y el procedimiento para la declaración de concurso de acreedores, tanto voluntario como necesario, así como el proceso de liquidación de la empresa insolvente.
2. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC): Establece el marco normativo para la constitución, gestión, modificación y extinción de sociedades de capital, incluyendo las responsabilidades de los administradores y los derechos de los socios y acreedores en el proceso de liquidación.
3. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización: Ofrece medidas de fomento a la creación de nuevas empresas, incluyendo aspectos fiscales y de responsabilidad limitada para los emprendedores.
4. Código de Comercio: Regula las actividades comerciales y las obligaciones de los comerciantes, incluyendo la disolución y liquidación de las sociedades mercantiles.
5. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Establece el régimen jurídico aplicable a los tributos y las obligaciones fiscales de los contribuyentes en el proceso de liquidación de una empresa y la constitución de una nueva.
6. Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil: Contiene las disposiciones aplicables a la inscripción de los actos y acuerdos relacionados con la constitución, modificación, disolución y liquidación de sociedades.
7. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Aunque no específica del proceso de liquidación y constitución de empresas, esta ley debe ser considerada en la gestión empresarial para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Conclusiones

Es importante señalar que pueden existir normativas autonómicas o locales. También podrían aplicarse reglamentaciones sectoriales específicas según el caso concreto. Por ello, se recomienda la consulta con un abogado especializado para asegurar el cumplimiento de todas las normativas vigentes.