La declaración de insolvencia es un proceso legal que permite a personas y empresas en dificultades financieras comenzar de nuevo. En España, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece un marco para aliviar la carga de deudas. Es fundamental entender los pasos y requisitos necesarios para declararse insolvente. Este artículo detalla el significado de la insolvencia, el marco legal y los procedimientos a seguir en este contexto. Pero, antes de conocer cómo declararse insolvente, debes conocer otras opciones.
¿Qué significa ser insolvente?
La insolvencia es una condición que implica la incapacidad para cumplir con las obligaciones de pago. Se puede manifestar en situaciones de impago de deudas, lo que afecta tanto a personas como a empresas.
Definición de insolvencia
La insolvencia se refiere a la situación en la que un deudor no puede hacer frente a susdeudas. Esto ocurre cuando los activos son insuficientes para cubrir las obligaciones financieras. La falta de liquidez o el desbalance entre activos y pasivos son características comunes de esta condición.
Diferencia entre insolvencia económica y legal
Es crucial distinguir entre la insolvencia económica y la legal. La primera describe la situación real en la que un deudor no puede pagar, mientras que la segunda implica un reconocimiento formal ante la ley, que requiere intervención judicial. La insolvencia legal implica seguir un procedimiento específico que comienza con la declaración ante un juez.
Razones comunes para la insolvencia
- Crises económicas: Factores externos como recesiones o crisis financieras pueden afectar severamente la capacidad de pago.
- Pérdida de ingresos: Situaciones como el desempleo o reducción de jornada pueden llevar a una incapacidad para atender deudas.
- Problemas de salud: Enfermedades o accidentes que requieran tratamiento prolongado pueden impactar las finanzas.
- Decisiones empresariales desfavorables: Las empresas pueden enfrentarse a retos debido a inversiones mal planificadas o cambios en el mercado.
Declararse insolvente en España puede realizarse a través de distintos procedimientos según la situación del deudor. La vía más común para personas físicas es acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, mientras que las empresas pueden iniciar un concurso de acreedores.
¿Qué hago si no puedo pagar mis deudas?
Si no puedes pagar tus deudas es posible que te lleven a juicio y te embarguen la nómina y las cuentas bancarias.
Pero existe una solución legal que te protege. Es la ley 25/2015 que ofrece un mecanismo para cancelar todas las deudas que no puedas pagar.
Esta ley está diseñada para ayudar a las personas que están sobre endeudadas y no les llega para pagar. Evitará que te lleven a juicio y si lo hacen no te podrán embargar porque la deuda será cancelada.
Si esta opción te interesa rellena nuestro formulario y te informaremos de si cumples los requisitos para cancelar la deuda y evitar los embargos.
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Insolvencia de Personas Físicas: Ley de Segunda Oportunidad
Si eres una persona particular o un autónomo y no puedes pagar tus deudas, puedes acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad (Real Decreto Legislativo 1/2020, Texto Refundido de la Ley Concursal). Para ello, debes cumplir los siguientes requisitos:
Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad:
Situación de insolvencia actual o inminente: No puedes pagar tus deudas con tus ingresos y patrimonio.
Buena fe del deudor: No haber sido condenado por delitos económicos ni haber actuado con fraude o mala fe.
Intento de acuerdo extrajudicial (opcional, salvo en casos de consumidores): Aunque desde la reforma de 2022 no es obligatorio, en algunos casos puede intentarse una negociación con los acreedores antes de acudir al juzgado.
No haber obtenido beneficio de exoneración en los últimos 5 años.
Fases del procedimiento:
1️⃣ Solicitud de concurso de persona física: Se presenta la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil.
2️⃣ Fase concursal y liquidación (si procede): Se liquidan bienes, salvo aquellos inembargables.
3️⃣ Exoneración del pasivo insatisfecho (EPI): Se cancelan las deudas que no puedan pagarse, salvo excepciones (deudas con Hacienda, Seguridad Social, alimentos, etc.).
Insolvencia de Empresas: Concurso de Acreedores
Las empresas pueden declararse en insolvencia mediante un concurso de acreedores, que puede ser voluntario (solicitado por la propia empresa) o forzoso (solicitado por los acreedores).
Requisitos para solicitar un concurso de acreedores:
✅ Situación de insolvencia: No poder cumplir regularmente con las obligaciones de pago.
✅ Presentación en el plazo legal: Si la insolvencia es actual, el administrador debe solicitar el concurso en un plazo de dos meses desde que conozca la situación.
Fases del concurso de acreedores:
1️⃣ Solicitud del concurso ante el Juzgado de lo Mercantil.
2️⃣ Fase de tramitación: Se nombra un administrador concursal que analiza el estado de la empresa.
3️⃣ Fase de convenio o liquidación: Si es viable, se acuerda un plan de pagos; si no, se liquida la empresa.
4️⃣ Conclusión y posible exoneración de deudas para el empresario individual (si aplica la Ley de Segunda Oportunidad).
Consecuencias de la Insolvencia
- Posible liquidación de bienes para pagar deudas.
- Pérdida de control sobre la empresa en caso de concurso.
- Cancelación de deudas en la Ley de Segunda Oportunidad si se cumplen los requisitos.
- Responsabilidad del administrador si ha habido gestión negligente en empresas.
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Marco legal para declararse insolvente en España
El marco legal que regula la insolvencia en España se basa principalmente en la Ley de Segunda Oportunidad y la Ley Concursal, las cuales ofrecen un procedimiento formal para afrontar situaciones de incapacidad económica.
La Ley de Segunda Oportunidad
Esta ley, vigente desde 2015, permite a particulares y autónomos solicitar la exoneración de deudas bajo ciertas condiciones. Su objetivo es ofrecer una segunda oportunidad a quienes, por diversas circunstancias, no pueden cumplir con sus obligaciones económicas. La ley facilita un proceso que busca el alivio financiero y la recuperación personal o empresarial.
Requisitos según la Ley Concursal
Bajo la Ley Concursal, se establecen varios requisitos que un deudor debe cumplir para ser considerado insolvente. Estos incluyen:
- Demostrar la incapacidad para satisfacer las deudas reconocidas.
- Presentar un plan viable para negociar el pago o la liquidación.
- No haber cometido conductas fraudulentas previas al procedimiento.
El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud ante el juzgado correspondiente, que evaluará la situación del solicitante.
Diferencias entre particulares y empresas
El tratamiento de la insolvencia varía entre particulares y empresas. Mientras que los particulares pueden optar a la exoneración de sus deudas tras un procedimiento concursal, las empresas enfrentan un proceso más riguroso que puede incluir la liquidación de activos. Las normas específicas dependen de la naturaleza del deudor, así como de su capacidad para reorganizar sus deudas.
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Requisitos para declararse insolvente
Para declarar la insolvencia, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley. Estos requisitos varían según la situación del deudor y son evaluados por un juez para determinar la viabilidad del proceso.
Incapacidad para pagar deudas
El primer requisito primordial es demostrar una incapacidad real para cumplir con las obligaciones de pago. Esto significa que el deudor debe certificar su imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Este estado de insolvencia puede surgir de una combinación de factores, como la pérdida de ingresos, gastos imprevistos o agravios económicos. La documentación relevante debe ser presentada ante el juzgado correspondiente para respaldar esta situación.
Límites de la deuda acumulada
La ley establece un límite respecto a la cantidad de deuda acumulada. En concreto, el importe total de las deudas no puede superar los 5 millones de euros. Este límite busca que la insolvencia no se utilice de manera excesiva o abusiva, permitiendo que solo aquellos que realmente enfrentan dificultades económicas puedan acogerse a este procedimiento.
Condiciones para deudas con la administración pública
Las deudas contraídas con la administración pública tienen condiciones específicas. En este sentido, para que las deudas con Hacienda o la Seguridad Social puedan ser consideradas en el proceso de insolvencia, no deben exceder los 10.000 euros. Cumplir con esta condición es crucial para que se puedan incluir en el proceso de cancelación de deudas, permitiendo al deudor aliviar su carga financiera.
Pasos a seguir para declararse insolvente en España
El proceso de declaración de insolvencia en España requiere seguir una serie de pasos bien definidos. Estos pasos aseguran que la situación se maneje de manera legal y ordenada.
Reunir la documentación necesaria
El primer paso consiste en recopilar toda la documentación relevante que evidencie la situación financiera del deudor. Esta información debe incluir:
- Descripción detallada de los activos y pasivos.
- Comprobantes de ingresos y gastos.
- Cualquier otro dato que sea pertinente para evaluar la situación económica.
Contar con una documentación completa y ordenada es fundamental para el éxito del proceso.
Asesoramiento legal y rol del abogado
Es esencial contar con la asistencia de un abogado especializado en insolvencias y concursos de acreedores. Este profesional ayuda a comprender el proceso y a preparar la documentación adecuada. Sus funciones incluyen:
- Guiar al deudor en la recopilación de información.
- Asesorar sobre las mejores opciones disponibles.
- Representar al deudor en el juzgado.
Presentación de la declaración ante el juzgado
Una vez que se tiene la documentación lista, se debe presentar la declaración de insolvencia en el Juzgado de lo Mercantil correspondiente. La solicitud debe incluir información exhaustiva sobre la situación patrimonial del deudor y, si es necesario, una propuesta de acuerdo.
Evaluación judicial y nombramiento del administrador concursal
Cuando la solicitud es presentada, el juez revisa la documentación y decide si acepta la declaración de insolvencia. Si es admitida, se abrirá un procedimiento regulado por la Ley Concursal. El juez nombrará a un administrador concursal para gestionar el caso, lo que incluye:
- Analizar la situación del deudor.
- Negociar con los acreedores.
- Presentar posibles soluciones o liquidaciones al juez.
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Declararse insolvente frente a Hacienda y Seguridad Social
Declararse insolvente ante entidades públicas como Hacienda y la Seguridad Social implica un proceso específico que debe ser considerado con atención. La gestión de las deudas con estas administraciones es un aspecto crucial a tener en cuenta en el proceso de insolvencia.
Gestión de deudas con administraciones públicas
La declaración de insolvencia puede facilitar la negociación de las deudas acumuladas con Hacienda y la Seguridad Social. Estos son aspectos relevantes a tener en cuenta:
- Las deudas tributarias y con la Seguridad Social tienen un tratamiento específico en la ley.
- Los deudores deberán presentar toda documentación que demuestre su situación financiera ante las administraciones públicas.
- Es necesario informar sobre la propuesta de pago o liquidación a los acreedores públicos, que se evaluará en el marco del procedimiento concursal.
Posibilidades de cancelación de deudas
Una vez declarada la insolvencia, existen posibilidades de cancelación de las deudas con estas entidades, aunque con ciertas limitaciones:
- Las deudas con la administración pública que no superen los 10,000 euros pueden ser canceladas en ciertos casos.
- Para deudas superiores, se debe negociar con Hacienda y Seguridad Social en el marco del procedimiento concursal.
- La Ley de Segunda Oportunidad permite la exoneración del pasivo insatisfecho, lo que puede facilitar la eliminación de deudas no satisfechas tras cumplir ciertos requisitos.
Declararse insolvente con nómina
La situación de insolvencia no es exclusiva de aquellos sin empleo. Los trabajadores asalariados también pueden enfrentarse a este escenario, lo que implica ciertas particularidades en su proceso.
Implicaciones para trabajadores asalariados
Los asalariados que optan por declararse insolventes deben tener en cuenta que su nómina se convierte en un activo que será considerado en el proceso. Esto significa que, aunque cuenten con ingresos, si sus deudas son superiores a su capacidad de pago, pueden iniciar el procedimiento de insolvencia.
- Los salarios se verán afectados al establecer un posible acuerdo con los acreedores.
- Es esencial considerar que el ingreso disponible será objeto de evaluación para determinar la viabilidad de un plan de pagos.
- El deudor debe tener en cuenta que su salario puede estar sujeto a embargos en función de las deudas acumuladas.
Protección de la vivienda habitual
La ley ofrece ciertas garantías para proteger la vivienda habitual de aquellos que se declaran insolventes. Esta protección es vital para evitar la pérdida del hogar en situaciones de crisis financiera.
- La última reforma en la Ley Concursal establece criterios específicos para la protección de la vivienda.
- El deudor debe demostrar que su vivienda es su residencia habitual y que es esencial para su sostenimiento y el de su familia.
- Hay que cumplir con ciertos requisitos para beneficiarse de esta protección, como no haber vendido el inmueble sujetamente a un embargo.
Consecuencias de declararse insolvente
La declaración de insolvencia conlleva una serie de consecuencias significativas para el deudor, tanto positivas como negativas. Es esencial comprender estos efectos para abordar adecuadamente el proceso y sus implicaciones a largo plazo.
Ventajas de la declaración de insolvencia
- Cancelación de Deudas: La aceptación de la declaración implica la posibilidad de cancelar hasta el 100% de las deudas privadas y hasta 10.000 euros de deudas con la administración pública.
- Protección Legal: Al declararse insolvente, el deudor recibe amparo legal contra sus acreedores, lo que incluye la paralización de embargos y el cese de intentos de cobranza.
- Eliminación de Registros de Morosidad: Una vez aceptada la insolvencia, el nombre del deudor puede ser retirado de los ficheros de morosos, abriendo la puerta a una nueva situación financiera.
Desventajas y costes asociados
- Impacto en el Crédito: Declararse insolvente afectará negativamente la capacidad de crédito del deudor durante un periodo prolongado.
- Costes Relacionados: Aunque el procedimiento busca aliviar deudas, el deudor aún tiene que enfrentarse a gastos relacionados con la presentación judicial y los honorarios del administrador concursal.
- Condiciones para la Vivienda: Existen especificaciones que deben cumplirse para proteger la vivienda habitual, lo que añade un nivel de complejidad al proceso.
- Intervención de un Administrador Concursal: La gestión del caso por parte de un administrador concursal puede complicar la situación del deudor, ya que todas las decisiones deben ser consensuadas y supervisadas.
Impacto en el crédito y registros de morosidad
Un efecto inmediato de declararse insolvente es la inclusión en registros de morosidad, que tendrán un impacto a largo plazo en la capacidad para acceder a nuevos créditos. Este impacto negativo puede dificultar la obtención de préstamos futuros, afectando la vida financiera del deudor durante años.
Alternativas al proceso de insolvencia judicial
Existen diversas opciones para afrontar las deudas sin necesidad de recurrir al proceso de insolvencia judicial. Estas alternativas pueden resultar más ágiles y menos perjudiciales para el historial crediticio del solicitante.
Acuerdo extrajudicial de pagos
Este mecanismo permite a los deudores establecer negociaciones directas con sus acreedores para alcanzar acuerdos que faciliten el pago de las deudas. Se considera una salida más flexible y menos formal que la declaración de insolvencia. Algunas características importantes son:
- Los deudores pueden proponer diferentes formas de pago.
- Se evita el proceso judicial, lo que reduce costos y tiempo.
- Los acreedores pueden aceptar, rechazar o modificar la propuesta.
El acuerdo debe ser presentado ante un notario, quien supervisa la legalidad del mismo. Si se llega a un consenso, se establece un plan de pago que favorezca ambas partes.
Exoneración del pasivo insatisfecho (EPI)
La EPI es una opción destinada a aquellos que, tras un proceso de insolvencia, han visto canceladas sus deudas pero no han podido afrontar todas las obligaciones. Esta figura legal permite a los deudores eliminar deudas no satisfechas, bajo ciertas condiciones. Los puntos clave son:
- Una vez cumplidos los requisitos establecidos, se puede solicitar la exoneración.
- Se evalúa la voluntad y capacidad del deudor para pagar.
- Es fundamental que el deudor haya actuado de buena fe durante el proceso.
Estas alternativas ofrecen posibles soluciones que facilitan la recuperación financiera sin los efectos restrictivos de una declaración de insolvencia formal.
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