Demanda Judicial por Impago | Lo que debes saber

demanda judicial por impago
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¿Sabías que puedes demandar judicialmente a una persona o empresa por impago? En este post vamos a explicarte todo lo que necesitas saber sobre la demanda judicial por impago. ¡Vamos a empezar! Sigue leyendo este artículo si estás interesado en saber más sobre todo esto.

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¿Qué es una demanda judicial por impago?

Una demanda judicial por impago es un instrumento jurídico que se activa cuando una de las partes de una relación contractual no cumple con su obligación de pago dentro del plazo acordado o legalmente establecido. En el contexto español, el proceso de demanda por impago se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normativas complementarias que establecen el procedimiento a seguir para la reclamación de deudas.

El inicio de una demanda por impago se materializa con la presentación de una demanda ante los tribunales competentes, en la que el acreedor, denominado demandante, expone los hechos y fundamentos de derecho por los cuales solicita al órgano judicial que ordene al deudor, denominado demandado, a satisfacer la deuda pendiente, además de los intereses y costas que pudieran corresponder.

Es esencial que el demandante prepare adecuadamente su reclamación, aportando toda la documentación necesaria que acredite la existencia y cuantía de la deuda, así como el incumplimiento del deudor. La demanda debe cumplir con todos los requisitos formales y sustantivos para que sea admitida a trámite y, eventualmente, pueda prosperar, dando lugar a una sentencia estimatoria que obligue al deudor a pagar la cantidad adeudada.

La demanda por impago no solo es un mecanismo de reclamación de deudas, sino que también activa un proceso que puede culminar en la ejecución forzosa de la sentencia, lo que implica que, en caso de no cumplimiento voluntario por parte del deudor, se pueden adoptar medidas como el embargo de bienes para satisfacer la deuda.

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¿Cuál es el proceso para demandar judicialmente?

A continuación, vamos a explicar cuál es el proceso para realizar una demanda paso a paso:

1. Primero, debes preparar tu demanda con toda la documentación y pruebas necesarias para demostrar que has intentado recuperar el dinero adeudado sin éxito.

2. Después de eso, tendrás que presentarte ante un juez con tu demanda y las pruebas que has reunido.

3. El juez tendrá entonces la oportunidad de escuchar tus argumentos y decidir si tu demanda tiene algún fundamento legal. Si es así, el juez te dará la razón y demandará al deudor para que te pague el dinero adeudado.

Estrategias legales de defensa

Al enfrentar una demanda judicial por impago, es crucial adoptar una estrategia de defensa legal sólida y coherente. A continuación, se presentan diversas estrategias que pueden ser consideradas para la defensa en estos casos:

  1. Verificación de la Legitimidad de la Deuda: Antes de proceder, es esencial confirmar que la deuda reclamada es legítima y que el demandante tiene derecho a cobrarla. Esto incluye verificar la identidad del acreedor y la existencia de un contrato o acuerdo que sustente la deuda.
  2. Revisión de la Documentación: Es fundamental revisar toda la documentación relacionada con la deuda, incluyendo contratos, facturas, recibos de pago y cualquier comunicación previa con el acreedor. Esto puede revelar errores, pagos no acreditados o cláusulas abusivas que podrían invalidar la reclamación.
  3. Prescripción de la Deuda: Según la normativa española, las deudas pueden prescribir si no se han reclamado judicialmente dentro de los plazos establecidos. Es importante analizar si la deuda ha prescrito, lo que podría ser una defensa completa frente a la demanda.
  4. Negociación y Acuerdos Extrajudiciales: En algunos casos, puede ser beneficioso negociar con el demandante para llegar a un acuerdo extrajudicial. Esto podría incluir la reestructuración de la deuda, el establecimiento de un plan de pagos o la reducción del monto adeudado.
  5. Alegaciones de Fondo: Dependiendo del caso, se pueden plantear alegaciones de fondo como la inexistencia de la obligación de pago, el cumplimiento de la obligación o la compensación con otras deudas que el demandante tenga con el demandado.
  6. Excepciones Procesales: Se deben considerar posibles excepciones procesales como la falta de competencia del tribunal, la indebida notificación de la demanda o la falta de capacidad o legitimación para obrar de alguna de las partes.
  7. Propuesta de Pruebas: La selección y propuesta de pruebas es fundamental en la defensa. Esto puede incluir la presentación de documentos, testigos, peritos o cualquier otro medio probatorio que sustente las alegaciones y contradiga los argumentos del demandante.
  8. Uso de Recursos Procesales: En el transcurso del procedimiento, pueden surgir resoluciones interlocutorias susceptibles de recurso. Es importante evaluar la conveniencia de interponer recursos contra estas decisiones para proteger los derechos del demandado.
  9. Preparación para la Vista Oral: La preparación meticulosa para la vista oral es esencial. Esto implica conocer todos los aspectos del caso, preparar el interrogatorio de testigos y peritos, y estar listo para rebatir los argumentos del demandante.
  10. Asesoramiento Legal Especializado: Contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho procesal y en la materia de la deuda es crucial. Un profesional puede ofrecer una visión más detallada de las opciones legales y ayudar a desarrollar una estrategia de defensa más efectiva.

Cada caso es único y requiere un análisis detallado para determinar la estrategia de defensa más adecuada. Es importante actuar de manera proactiva y considerar todas las opciones legales disponibles para proteger los intereses del demandado.

Evaluación de la deuda reclamada

La evaluación de la deuda reclamada es un paso crucial en el proceso de defensa frente a una demanda judicial por impago. Esta fase implica un análisis detallado de la deuda para determinar su validez, cuantía y exigibilidad. A continuación, se detallan los aspectos fundamentales a considerar en esta etapa:

  1. Verificación de la Existencia de la Deuda: Es imprescindible confirmar que la deuda existe y que el demandante tiene legitimidad para reclamarla. Esto incluye revisar la documentación original del contrato, facturas, reconocimientos de deuda o cualquier otro documento que acredite la relación crediticia.
  2. Cálculo de la Cuantía: Se debe revisar minuciosamente el importe reclamado, asegurándose de que todas las cantidades corresponden a lo acordado en el contrato y que no se han incluido cargos indebidos o intereses excesivos que contravengan la normativa aplicable.
  3. Revisión de Intereses y Costas: Es necesario examinar si los intereses y costas reclamados se ajustan a lo pactado y si son conformes con la ley. En España, los intereses moratorios no pueden ser desproporcionados y deben respetar los límites establecidos en la Ley de Represión de la Usura y otras normativas pertinentes.
  4. Comprobación de Pagos Realizados: Se debe contrastar la deuda reclamada con los pagos que efectivamente se hayan realizado, para evitar reclamaciones de cantidades ya satisfechas. Para ello, es fundamental disponer de todos los recibos y comprobantes de pago.
  5. Análisis de la Prescripción: Según el artículo 1964 del Código Civil español, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pudieron ejercitarse. Es crucial determinar si la deuda ha prescrito, lo que supondría una defensa de fondo que podría extinguir la acción del demandante.
  6. Evaluación de Posibles Compensaciones: Se debe analizar si existen deudas cruzadas entre las partes que puedan compensarse con la deuda reclamada, lo cual podría reducir o extinguir la obligación del demandado.
  7. Revisión de la Notificación y Reclamación Previa: Es importante verificar que se haya realizado una reclamación previa adecuada y que la notificación de la demanda se haya efectuado conforme a los requisitos procesales, garantizando así el derecho de defensa del demandado.
  8. Análisis de la Solvencia del Demandado: Aunque no afecta directamente a la validez de la deuda, es relevante conocer la situación económica del demandado para valorar la viabilidad de un posible acuerdo extrajudicial o plan de pagos.

La evaluación de la deuda reclamada debe ser meticulosa y basarse en la normativa vigente, así como en la jurisprudencia aplicable. Este análisis permitirá al letrado elaborar una estrategia de defensa adecuada y fundamentar las alegaciones y excepciones que procedan en la contestación a la demanda.

Prescripción de la deuda

La prescripción de una deuda es un mecanismo jurídico por el cual, transcurrido un determinado periodo de tiempo sin que el acreedor ejercite acciones legales para reclamar el pago de la deuda, esta se extingue y el deudor queda liberado de su obligación de pago. En el ordenamiento jurídico español, la prescripción de las deudas viene regulada principalmente por el Código Civil, en sus artículos 1961 y siguientes.

Según el artículo 1964 del Código Civil, como regla general, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pudieron ejercitarse. No obstante, existen excepciones con plazos específicos para ciertos tipos de deudas, como por ejemplo:

  • Las deudas derivadas de contratos de crédito al consumo, que prescriben a los tres años.
  • Las obligaciones de pago de pensiones alimenticias, que no prescriben mientras subsista la obligación.

Es importante destacar que la prescripción puede interrumpirse por el reconocimiento de la deuda por parte del deudor, por el inicio de acciones judiciales por parte del acreedor, o por el requerimiento extrajudicial del pago.

En el contexto de una demanda judicial por impago, la prescripción de la deuda puede ser una defensa efectiva. Para ello, el deudor debe alegar y probar que el plazo de prescripción ha transcurrido y que no se ha dado ninguna circunstancia que haya interrumpido dicho plazo.

  1. Revisión de la Fecha de Inicio del Plazo de Prescripción: Es fundamental determinar cuándo comenzó a correr el plazo de prescripción, que generalmente es desde la fecha en que la deuda pudo ser exigida.
  2. Verificación de Interrupciones: Se debe revisar si ha habido algún acto que haya interrumpido la prescripción, como reclamaciones judiciales o reconocimientos de deuda.
  3. Documentación: Recopilar toda la documentación que acredite la fecha de la última acción de cobro o reconocimiento de la deuda.
  4. Alegación en la Contestación a la Demanda: Si se considera que la deuda ha prescrito, es crucial alegar la prescripción como excepción en la contestación a la demanda.
  5. Analizar la fecha de vencimiento de la deuda y las acciones del acreedor para determinar si la prescripción ha operado.
  6. Recopilar pruebas que demuestren la falta de interrupción del plazo de prescripción.
  7. Presentar la prescripción como excepción en la contestación a la demanda.

La prescripción de la deuda es un aspecto legal que puede resultar determinante en la defensa de una demanda por impago. Es esencial un análisis detallado de los plazos y las acciones realizadas tanto por el acreedor como por el deudor para determinar si la prescripción puede ser alegada con éxito.

  • Código Civil, artículos 1961 y siguientes.
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en lo que respecta a la interrupción de la prescripción por acciones judiciales.

Posibles excepciones procesales

En el contexto de una demanda judicial por impago, es crucial identificar y evaluar todas las posibles excepciones procesales que podrían ser relevantes para la defensa. Estas excepciones son argumentos legales que pueden presentarse para impugnar la validez del proceso judicial o la forma en que se ha llevado a cabo, sin entrar en el fondo del asunto. A continuación, se detallan algunas de las excepciones procesales más comunes en el ordenamiento jurídico español:

La competencia se refiere a la capacidad legal de un juzgado o tribunal para conocer de un asunto. Puede ser competencia territorial, cuando el juzgado no corresponde al lugar donde debería tramitarse la demanda según la ley, o competencia objetiva, si el asunto no corresponde al tipo de juzgado que lo está conociendo. La parte demandada puede alegar falta de competencia si considera que el juzgado no es el adecuado.

La legitimación activa o pasiva es la capacidad de una persona para ser parte en un proceso judicial. Si se alega que quien demanda o quien ha sido demandado no tiene relación jurídica con el objeto del litigio, se puede plantear la excepción de falta de legitimación.

La litispendencia ocurre cuando existe otro proceso judicial en curso entre las mismas partes, por el mismo motivo y con idéntica causa de pedir. En este caso, se puede alegar la excepción de litispendencia para evitar la duplicidad de procesos.

Si la demanda se refiere a un asunto que ya ha sido resuelto en un proceso anterior y existe una sentencia firme, se puede invocar la excepción de cosa juzgada, lo que impide volver a juzgar el mismo asunto.

La caducidad es la pérdida del derecho a ejercitar una acción judicial debido al transcurso del tiempo establecido por la ley para ejercitarla. Si se supera este plazo sin haber iniciado la acción, se puede alegar la caducidad como excepción procesal.

La prescripción es similar a la caducidad, pero se refiere a la extinción del derecho mismo y no solo a la acción. Si el plazo para ejercer el derecho ha transcurrido, se puede alegar la prescripción para extinguir la acción judicial.

Si el procedimiento elegido por la parte demandante no es el adecuado para la naturaleza del asunto, la parte demandada puede alegar esta excepción para solicitar que se ajuste el proceso al cauce procesal correspondiente.

Es importante que la parte demandada analice cuidadosamente la posibilidad de invocar alguna de estas excepciones procesales, ya que pueden ser determinantes para la resolución del litigio. Cada excepción debe ser fundamentada con argumentos sólidos y, en su caso, con la prueba pertinente. La presentación oportuna de estas excepciones es esencial, ya que su omisión puede llevar a su pérdida y, con ello, a la posibilidad de una defensa efectiva.

Alegaciones de fondo

Las alegaciones de fondo constituyen el núcleo argumentativo de la defensa en una demanda judicial por impago. En esta sección, se abordan las razones sustantivas por las cuales la parte demandada considera que no debe prosperar la reclamación de la parte demandante. Es crucial que estas alegaciones estén debidamente fundamentadas en derecho y se apoyen en la normativa aplicable, así como en la jurisprudencia pertinente.

En el contexto de una demanda por impago, las alegaciones de fondo pueden incluir, pero no se limitan a, los siguientes argumentos:

  1. Inexistencia o Extinción de la Obligación: La parte demandada puede alegar que la deuda reclamada no existe o que ha sido extinguida. Esto puede deberse a que la obligación fue satisfecha, compensada, condonada o que se produjo una novación de la misma.
  2. Vicios en el Consentimiento: Se puede argumentar que el contrato que dio origen a la deuda fue firmado bajo coacción, error, dolo o fraude, lo cual afectaría la validez del consentimiento y, por ende, del contrato mismo.
  3. Prescripción de la Acción: Según el artículo 1964 del Código Civil español, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pudieron ejercitarse. La parte demandada puede alegar que el plazo para reclamar la deuda ha transcurrido.
  4. Incapacidad Legal: Si en el momento de contraer la obligación, la parte demandada carecía de capacidad legal para obrar, esto podría ser un argumento de fondo para impugnar la validez de la deuda.
  5. Condiciones o Términos del Contrato: La interpretación de las cláusulas contractuales puede ser un punto de disputa, especialmente si existen condiciones que no se han cumplido o términos ambiguos que requieren clarificación.
  6. Falta de Prueba: La carga de la prueba recae en la parte demandante. Si no se aportan pruebas suficientes que demuestren la existencia y cuantía de la deuda, la parte demandada puede alegar la insuficiencia de prueba.
  7. Compensación de Deudas: La parte demandada puede argumentar que tiene créditos contra la parte demandante que deben ser compensados con la deuda reclamada.
  8. Cuestiones Procesales: Aunque no son estrictamente alegaciones de fondo, las cuestiones procesales como la falta de legitimación activa o pasiva, litispendencia o cosa juzgada pueden ser alegadas si afectan directamente al fondo del asunto.

Es esencial que cada una de estas alegaciones se presente de manera clara, ordenada y respaldada por la documentación y evidencia pertinente. La correcta formulación de las alegaciones de fondo puede determinar el éxito de la defensa y, por tanto, requiere de un análisis detallado del caso y una sólida construcción argumentativa.

Recomendaciones prácticas

Cuando se enfrenta una demanda judicial por impago, es crucial adoptar una serie de medidas prácticas que pueden influir positivamente en el resultado del proceso. A continuación, se presentan algunas recomendaciones prácticas a tener en cuenta:

  1. Revisión Cuidadosa de la Demanda: Es fundamental leer detenidamente toda la documentación recibida para entender completamente las alegaciones y los fundamentos de la demanda. Esto permitirá identificar posibles errores o inconsistencias que puedan ser utilizados en su defensa.
  2. Asesoramiento Legal: Busque asesoramiento legal especializado lo antes posible. Un abogado con experiencia en litigios civiles podrá guiarle a través del proceso y ayudarle a desarrollar una estrategia de defensa efectiva.
  3. Documentación: Compile y organice toda la documentación relevante que pueda respaldar su posición, incluyendo contratos, comunicaciones con la parte demandante, recibos de pago, y cualquier otro documento que pueda ser utilizado como evidencia.
  4. Comunicación con la Parte Demandante: Mantenga una comunicación abierta y profesional con la parte demandante. En ocasiones, es posible llegar a un acuerdo extrajudicial que evite el proceso judicial y sus costes asociados.
  5. Gestión de Activos: Si su situación financiera es precaria, es importante ser consciente de las consecuencias de un embargo. Asegúrese de no incurrir en actos que puedan ser considerados como alzamiento de bienes, ya que esto podría agravar su situación legal.
  6. Propuestas de Pago: Si es posible, elabore propuestas de pago o planes de reestructuración de la deuda que sean realistas y sostenibles a largo plazo. Esto puede demostrar su voluntad de cumplir con sus obligaciones y puede ser bien visto por el tribunal.
  7. Preservación de la Prueba: Asegúrese de preservar cualquier prueba que pueda ser relevante para el caso, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto y cualquier otro tipo de comunicación que pueda ser utilizada en el juicio.
  8. Preparación para la Vista Oral: Prepárese para la vista oral, si llegara a celebrarse. Esto incluye conocer los principales argumentos de su defensa, así como estar listo para responder a las preguntas que puedan surgir durante el proceso.
  9. Planificación Financiera: Evalúe su situación financiera y considere la posibilidad de establecer reservas para posibles costas judiciales o para el pago de la deuda en caso de que el fallo sea desfavorable.
  10. Cuidado con las Declaraciones Públicas: Evite hacer declaraciones públicas o en redes sociales que puedan perjudicar su caso. Cualquier comentario puede ser utilizado en su contra en el proceso judicial.

Siguiendo estas recomendaciones prácticas, aumentará sus posibilidades de gestionar de manera efectiva la demanda por impago y de alcanzar un resultado favorable, ya sea a través de un acuerdo extrajudicial o en el transcurso del proceso judicial.

Comunicación con la parte demandante

La comunicación con la parte demandante es un aspecto crucial en el proceso de defensa de una demanda judicial por impago. Es importante abordar esta comunicación con profesionalidad y estrategia, ya que puede influir significativamente en el desarrollo y resultado del litigio. A continuación, se presentan algunas recomendaciones prácticas para gestionar de manera efectiva la comunicación con la parte demandante:

  1. Documentar todas las Comunicaciones: Mantenga un registro detallado de todas las comunicaciones, ya sean escritas o verbales, con la parte demandante. Esto incluye correos electrónicos, cartas, notas de conversaciones telefónicas y reuniones presenciales. La documentación debe incluir la fecha, hora, el contenido de la comunicación y los participantes en la misma.
  2. Comunicación Escrita Preferente: Siempre que sea posible, opte por comunicaciones escritas, ya que proporcionan un registro tangible que puede ser útil en el proceso judicial. Utilice medios que permitan confirmar la recepción, como el correo electrónico con acuse de recibo o el burofax.
  3. Profesionalidad y Cortesía: Asegúrese de que todas las comunicaciones se realicen de manera profesional y cortés, independientemente de la naturaleza de la interacción. Evite el lenguaje confrontativo o emocional que pueda empeorar la situación o ser utilizado en su contra en el tribunal.
  4. Negociación y Propuestas de Acuerdo: En caso de que se explore la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, las comunicaciones deben reflejar claramente las propuestas y contraofertas. Es importante que cualquier acuerdo alcanzado se formalice por escrito y que se especifiquen claramente los términos y condiciones del mismo.
  5. Asesoramiento Legal: Antes de responder a cualquier comunicación sustancial de la parte demandante, consulte con su abogado para asegurarse de que la respuesta es adecuada y no compromete su posición legal. El asesoramiento legal es esencial para evitar declaraciones que puedan ser interpretadas como un reconocimiento de la deuda o que limiten las estrategias de defensa.
  6. Confidencialidad: Mantenga la confidencialidad de la información sensible y no divulgue detalles que puedan ser perjudiciales para su caso. Esto incluye estrategias de defensa, pruebas que se planean presentar y opiniones legales.
  7. Plazos de Respuesta: Sea consciente de los plazos legales para responder a cualquier comunicación o requerimiento de la parte demandante. El incumplimiento de estos plazos puede tener consecuencias negativas para su defensa.
  8. Solicitud de Documentación: Si necesita documentación adicional de la parte demandante para preparar su defensa, hágalo de manera formal y específica. Indique claramente qué documentos se requieren y para qué fecha se esperan.

Al seguir estas recomendaciones, la comunicación con la parte demandante puede manejarse de manera que apoye su estrategia de defensa y contribuya a un resultado favorable en el proceso judicial.

Gestión de documentación relevante

La gestión adecuada de la documentación relevante es un aspecto crucial en la defensa de una demanda judicial por impago. Para asegurar una defensa efectiva, es esencial recopilar, organizar y revisar todos los documentos que puedan influir en el resultado del proceso. A continuación, se detallan los pasos recomendados para una gestión documental eficiente:

  1. Inventario de Documentos: Elabore un listado completo de todos los documentos en su posesión que estén relacionados con la deuda en cuestión. Esto incluye contratos, facturas, correspondencia, recibos de pago, reconocimientos de deuda, y cualquier otro documento que pueda ser utilizado para demostrar la existencia, condiciones, y estado de la deuda.
  2. Solicitud de Documentación: Si falta alguna documentación esencial, proceda a solicitarla de inmediato. Esto puede incluir la petición de documentos a la parte demandante o a terceros que puedan disponer de información relevante, como bancos o asesores financieros.
  3. Revisión y Análisis: Una vez recopilada toda la documentación, es necesario realizar un análisis detallado de la misma. Identifique cualquier término contractual, pago realizado o comunicación que pueda ser utilizado para refutar la cantidad reclamada o la validez de la deuda.
  4. Organización Cronológica: Ordene los documentos de manera cronológica para facilitar su consulta y para tener una visión clara de la secuencia de eventos relacionados con la deuda.
  5. Digitalización y Copias de Seguridad: Digitalice todos los documentos y guarde copias de seguridad en diferentes ubicaciones. Esto previene la pérdida de información y facilita el acceso y la compartición de documentos con su equipo legal y otras partes interesadas.
  6. Confidencialidad y Protección de Datos: Asegúrese de que la gestión de los documentos cumple con la normativa de protección de datos aplicable, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el caso de España. Esto incluye la limitación del acceso a la documentación a personas autorizadas y la implementación de medidas de seguridad adecuadas.
  7. Preparación para la Presentación en Juicio: Prepare los documentos que serán presentados como prueba en juicio, asegurándose de que cumplen con los requisitos formales para su admisión. Esto puede requerir la certificación de copias, la obtención de traducciones juradas o la solicitud de informes periciales.
  8. Actualización Continua: Mantenga la documentación actualizada a lo largo de todo el proceso judicial. Cualquier documento nuevo o información adicional que surja puede ser crucial para la defensa y debe ser incorporado de manera oportuna al inventario de documentos.

La gestión eficaz de la documentación es un pilar fundamental en la estrategia de defensa de una demanda por impago. Una organización meticulosa y un análisis exhaustivo pueden marcar la diferencia entre un resultado favorable o desfavorable en el litigio.

Propuestas de Acuerdo Extrajudicial

Antes de proceder a la vía judicial, es recomendable explorar todas las posibilidades de llegar a un acuerdo extrajudicial con la parte demandante. Este tipo de acuerdos pueden resultar beneficiosos para ambas partes, ya que permiten resolver la disputa de manera más rápida y económica. A continuación, se presentan algunas recomendaciones prácticas para la formulación de propuestas de acuerdo extrajudicial:

  1. Evaluación de la Capacidad de Pago: Realice un análisis detallado de su situación financiera para determinar su capacidad de pago realista. Esto incluye la revisión de ingresos, gastos, deudas y activos.
  2. Propuesta de Pago: Basándose en la evaluación anterior, elabore una propuesta de pago que sea sostenible para usted. Esto puede incluir un plan de pagos a plazos, una reducción del monto total debido a la renuncia de intereses o costas, o un pago único por una cantidad menor a la adeudada.
  3. Comunicación Escrita: Redacte una propuesta formal por escrito, donde se especifiquen claramente los términos del acuerdo. Asegúrese de que la propuesta sea clara, concisa y que refleje cualquier negociación previa.
  4. Negociación de Condiciones: Esté preparado para negociar las condiciones del acuerdo. Es importante mantener una actitud abierta y flexible, pero sin comprometer su capacidad de cumplimiento.
  5. Documentación del Acuerdo: Si se llega a un acuerdo, es crucial que este se documente adecuadamente. El acuerdo debe ser firmado por ambas partes y, si es posible, legalizado o ratificado ante un notario.
  6. Asesoramiento Legal: Considere obtener asesoramiento legal antes de firmar cualquier acuerdo. Un abogado puede ayudarle a entender las implicaciones legales del acuerdo y asegurarse de que sus derechos están protegidos.
  7. Homologación Judicial: En algunos casos, puede ser conveniente solicitar la homologación judicial del acuerdo extrajudicial, lo que le otorga la misma eficacia que una sentencia y permite su ejecución forzosa en caso de incumplimiento.
  8. Plan de Contingencia: Tenga un plan de contingencia en caso de que la parte demandante rechace la propuesta o las negociaciones fracasen. Esto puede incluir la preparación para la defensa en el juicio.

Al considerar estas recomendaciones, tenga en cuenta que la finalidad de las propuestas de acuerdo extrajudicial es encontrar una solución mutuamente satisfactoria que evite el desgaste y los costes asociados a un proceso judicial.

Pasos a Seguir en la Defensa

Al enfrentar una demanda judicial por impago, es crucial adoptar una postura proactiva y organizada para la defensa. A continuación, se detallan los pasos esenciales a seguir:

  1. Revisión Inmediata de la Notificación: Tan pronto como se reciba la notificación de la demanda, es importante revisarla cuidadosamente para entender las alegaciones y los plazos procesales. La fecha de notificación marcará el inicio del cómputo de los plazos para actuar.
  2. Contratación de un Abogado: Es aconsejable contratar a un abogado especializado en derecho procesal y de obligaciones, que pueda asesorar y representar adecuadamente al demandado en el proceso judicial.
  3. Análisis de la Demanda: Junto con el abogado, se debe analizar la demanda para identificar posibles errores procesales, la legitimidad de la parte demandante, la cuantía y causa de la deuda, y cualquier otro aspecto relevante.
  4. Recolección de Evidencia: Recopilar toda la documentación y pruebas que puedan respaldar la posición del demandado, como contratos, recibos de pago, comunicaciones previas con la parte demandante, etc.
  5. Elaboración de la Contestación a la Demanda: Redactar y presentar la contestación dentro del plazo legal establecido, generalmente 20 días hábiles desde la notificación. En este documento se deben exponer todas las alegaciones de hecho y de derecho que contradigan la demanda.
  6. Propuesta de Pruebas: Sugerir pruebas pertinentes que demuestren la posición del demandado. Esto puede incluir testigos, peritos, documentos, etc.
  7. Preparación para la Audiencia Previa: En esta fase se intentará un acuerdo o conciliación y se fijarán los hechos controvertidos y las pruebas a practicar. Es fundamental prepararse adecuadamente para argumentar la posición del demandado.
  8. Asistencia a la Vista Oral: Si no se alcanza un acuerdo y el proceso continúa, se debe asistir a la vista oral con todas las pruebas y estar preparado para responder a las preguntas del juez y de la parte contraria.
  9. Presentación de Alegatos Finales: Después de la práctica de la prueba, se presentarán los argumentos finales que resuman la posición del demandado y soliciten el fallo a su favor.
  10. Espera de la Sentencia: Una vez concluida la vista, se esperará la sentencia del juez. Dependiendo del resultado, se podrá aceptar la decisión o, si es desfavorable y se considera que hay motivos fundados, se podrá plantear un recurso.
  11. Evaluación de Recursos: Si la sentencia no es favorable, es importante evaluar, junto con el abogado, la viabilidad y conveniencia de presentar un recurso de apelación o extraordinario por infracción procesal.

Cada uno de estos pasos debe ser ejecutado con diligencia y en estricto cumplimiento de los plazos y formas procesales para garantizar una defensa efectiva.

Presentación de la Contestación a la Demanda

La presentación de la contestación a la demanda es un paso crítico en el proceso de defensa ante una demanda judicial por impago. En el marco de la normativa regulatoria de cumplimiento de aplicación española, es fundamental observar los siguientes requisitos y recomendaciones prácticas:

  1. Plazo de Contestación: De acuerdo con el artículo 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el demandado dispone de un plazo de 20 días hábiles desde la notificación de la demanda para presentar su contestación. Es esencial no exceder este plazo para evitar incurrir en una situación de rebeldía procesal.
  2. Forma y Contenido: La contestación debe realizarse por escrito y debe contener, según el artículo 405 de la LEC, los siguientes elementos:
  • La cabecera con la identificación del Juzgado y el número de procedimiento.
  • La identificación del demandado y su representación legal.
  • Los hechos en los que se fundamenta la defensa, desglosados y numerados.
  • Los fundamentos de derecho que apoyan la contestación.
  • La petición concreta que se realiza al Juzgado, que puede ser la desestimación de la demanda o la formulación de una reconvención si se considera oportuno.
  1. Documentación Adjunta: Se deben adjuntar todos los documentos y pruebas que se consideren necesarios para sustentar la defensa. Esto incluye contratos, recibos, comunicaciones previas con la parte demandante, y cualquier otro documento relevante.
  2. Procurador y Abogado: La representación procesal a través de un procurador y la defensa técnica por un abogado son obligatorias en la mayoría de los procedimientos civiles, salvo en aquellos casos en que la ley permita la autodefensa.
  3. Presentación Electrónica: Siguiendo el artículo 135 de la LEC y la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la presentación de la contestación a la demanda debe realizarse preferentemente de manera electrónica a través del sistema LexNET, siempre que el demandado esté obligado a utilizar dicho sistema.
  4. Copias: Se deben presentar tantas copias de la contestación y de los documentos adjuntos como partes haya en el proceso, más una que quedará en el Juzgado.
  5. Reconocimiento de Deuda: Si se reconoce parcial o totalmente la deuda, es importante que se haga constar en la contestación, ya que esto puede influir en la decisión del Juzgado y en la imposición de costas.
  6. Alegaciones Previas: Antes de entrar en el fondo del asunto, se pueden plantear alegaciones previas si se considera que existen defectos procesales que puedan llevar a la inadmisión de la demanda o a la suspensión del proceso.

La correcta presentación de la contestación a la demanda es esencial para el desarrollo adecuado del proceso judicial y para la defensa de los derechos e intereses del demandado. Se recomienda encarecidamente la asistencia de un profesional legal para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos procesales y la adecuada formulación de la defensa.

Preparación para la Vista Oral

La preparación para la vista oral es un paso crucial en la defensa de una demanda judicial por impago. A continuación, se detallan las recomendaciones prácticas y los pasos a seguir para asegurar una representación efectiva del demandado en el juicio.

Antes de la vista oral, es esencial realizar una revisión exhaustiva del expediente judicial. Esto incluye todas las comunicaciones, documentos presentados y pruebas admitidas. Asegúrese de comprender cada elemento del caso y cómo se relaciona con los argumentos de la defensa.

Desarrolle una argumentación clara y concisa que resuma los puntos clave de la defensa. Esto debe incluir la refutación de los argumentos de la parte demandante y la presentación de cualquier hecho o prueba que respalde la posición del demandado.

Realice ensayos de la presentación oral para ganar confianza y asegurarse de que todos los argumentos y respuestas a posibles preguntas del juez o de la parte contraria estén bien articulados y sean comprensibles.

Si se van a presentar testigos, prepárelos para el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Deben estar informados sobre el proceso judicial y sentirse cómodos con su testimonio.

Prepare y organice cualquier documentación adicional que pueda ser necesaria para respaldar la defensa o refutar las alegaciones de la parte demandante. Esto puede incluir contratos, recibos, correspondencia o cualquier otro documento relevante.

Estudie los puntos de derecho aplicables al caso y esté preparado para discutirlos durante la vista oral. Esto incluye jurisprudencia y doctrina que apoyen la posición del demandado.

Defina claramente la estrategia de pruebas, incluyendo qué pruebas presentar, en qué orden y cómo se relacionan con los argumentos de la defensa.

Anticipe las preguntas que podrían hacerse durante la vista oral y prepare respuestas claras y directas. Esto incluye preguntas tanto para los testigos de la defensa como para los de la parte demandante durante el contrainterrogatorio.

Repase los aspectos procesales relevantes para la vista oral, como los tiempos de intervención, el orden de las alegaciones y las formalidades del tribunal.

Mantenga una comunicación fluida con el cliente para asegurarse de que comprende el proceso y está preparado para la vista oral. Explique el posible desarrollo de la sesión y las expectativas realistas sobre los resultados.

Confirme la fecha, hora y lugar de la vista oral. Asegúrese de que todas las partes involucradas estén informadas y tengan los medios para asistir.

Realice un repaso final de todos los preparativos antes del día de la vista oral para asegurarse de que no se ha pasado por alto ningún detalle.

La preparación meticulosa para la vista oral es fundamental para presentar una defensa efectiva y aumentar las posibilidades de un resultado favorable para el demandado.

Recursos contra Resoluciones Interlocutorias

En el marco de un proceso judicial por impago, es posible que la parte demandada se enfrente a resoluciones interlocutorias que puedan resultar adversas a sus intereses. Estas resoluciones, dictadas durante el curso del procedimiento y antes de la resolución final, pueden ser objeto de impugnación mediante los recursos legalmente establecidos.

En el ordenamiento jurídico español, los recursos más comunes contra resoluciones interlocutorias son:

  1. Recurso de Reposición: Este recurso se interpone ante el mismo órgano judicial que ha dictado la resolución que se impugna. Debe presentarse en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación de la resolución, según lo establecido en el artículo 451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Su finalidad es que el tribunal revise y, en su caso, rectifique la decisión adoptada.
  2. Recurso de Apelación: Este recurso se interpone para que una resolución interlocutoria sea revisada por un tribunal superior. Según el artículo 455 de la LEC, el plazo para interponer el recurso de apelación es de veinte días hábiles desde la notificación de la resolución. No todas las resoluciones interlocutorias son apelables, por lo que es necesario verificar si la resolución en cuestión admite este recurso.
  3. Recurso de Queja: En caso de que se deniegue la tramitación del recurso de apelación, cabe la posibilidad de interponer un recurso de queja ante el tribunal que debiera conocer de la apelación, conforme al artículo 497 de la LEC. El plazo para interponer el recurso de queja es de cinco días hábiles desde la notificación del auto que deniega la apelación.

Antes de interponer cualquier recurso, es esencial evaluar la viabilidad y las posibles consecuencias de la impugnación. Se debe considerar:

  • La probabilidad de éxito del recurso y su impacto en la estrategia general de defensa.
  • Los costes asociados a la interposición del recurso, incluyendo las costas procesales en caso de que el recurso sea desestimado.
  • El posible efecto dilatorio en la resolución del proceso principal y la conveniencia de dicho efecto para la parte demandada.

Para interponer un recurso contra una resolución interlocutoria, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Análisis de la Resolución: Revisar detenidamente la resolución interlocutoria y determinar los fundamentos jurídicos que permitan su impugnación.
  2. Preparación del Escrito de Recurso: Redactar el escrito de recurso, exponiendo los argumentos legales y fácticos que justifiquen la revocación o reforma de la resolución.
  3. Presentación del Recurso: Presentar el escrito de recurso en la forma y plazo establecidos por la ley, acompañado de la documentación pertinente y el justificante del pago de las tasas judiciales si estas fueran aplicables.
  4. Seguimiento del Procedimiento: Una vez interpuesto el recurso, es crucial hacer un seguimiento del mismo y estar preparado para cualquier actuación procesal que pueda surgir como consecuencia.

La interposición de recursos contra resoluciones interlocutorias es un derecho procesal que permite a la parte demandada buscar la revisión de decisiones judiciales que considera perjudiciales. Sin embargo, debe ejercerse con prudencia y basándose en un análisis jurídico riguroso para evitar dilaciones innecesarias y costes adicionales.

Pruebas a Presentar en Juicio

Cuando se enfrenta una demanda judicial por impago, es crucial presentar pruebas sólidas y pertinentes durante el juicio para respaldar la defensa. La selección y presentación de pruebas deben ser meticulosas y acordes con la normativa procesal vigente. A continuación, se detallan los tipos de pruebas que pueden ser relevantes en un juicio por impago y cómo deben ser presentadas.

  • Contratos y Acuerdos: Presentar el contrato original firmado entre las partes, que establezca claramente las obligaciones de pago y las condiciones acordadas.
  • Facturas y Albaranes: Aportar todas las facturas impagadas, albaranes o cualquier otro documento que acredite la existencia de la deuda y su cuantía.
  • Comunicaciones: Incluir cualquier correspondencia entre las partes que pueda demostrar acuerdos de pago, reconocimiento de la deuda o disputas sobre la misma.
  • Comprobantes de Pago: Proporcionar recibos, transferencias bancarias o cualquier otro comprobante que pruebe los pagos realizados hasta la fecha.
  • Extractos Bancarios: Exhibir extractos bancarios que reflejen los movimientos de cuenta relacionados con la deuda, para demostrar pagos o para argumentar la falta de capacidad económica.
  • Declaraciones de Testigos: Presentar declaraciones de testigos que puedan corroborar acuerdos verbales, entregas de bienes o servicios, o cualquier otro aspecto relevante para la defensa.
  • Peritos: En caso de ser necesario, incluir informes periciales que puedan aportar una valoración experta sobre la deuda, su origen o su cuantía.
  • Pruebas de Incumplimiento: Si aplicable, aportar pruebas de que la parte demandante no cumplió con sus obligaciones, lo que podría justificar el impago.
  • Documentos de Conciliación o Mediación: Si se han realizado intentos de acuerdo extrajudicial, presentar la documentación que acredite dichos esfuerzos.
  • Originalidad: Las pruebas documentales deben ser originales o copias autenticadas conforme a la ley.
  • Anticipación: Deben ser presentadas en los plazos establecidos por la ley, generalmente con la contestación a la demanda o en el momento procesal que corresponda.
  • Admisibilidad: Las pruebas deben ser pertinentes, útiles y no redundantes, respetando los límites de la ley en cuanto a la admisión de pruebas.

Al final de la presentación de pruebas, es esencial que la defensa articule cómo cada elemento probatorio apoya sus alegaciones y contradice los argumentos de la parte demandante. La habilidad para conectar las pruebas con los argumentos legales es fundamental para una defensa exitosa.

La presentación de pruebas en juicio debe ser estratégica y cumplir con todos los requisitos procesales para garantizar su admisión y eficacia. La preparación cuidadosa y la selección adecuada de pruebas son esenciales para establecer una defensa sólida y aumentar las posibilidades de éxito en el litigio.

¿Es útil la ley de segunda oportunidad ante una demanda judicial por impago?

La ley de segunda oportunidad solo aplica para los casos de insolvencia y en demandas judiciales por impago no es aplicable. La ley de segunda oportunidad no libera al demandado del pago de la cantidad adeudada, sino que permite la reducción de los intereses moratorios asociados a la demanda.

¿Cómo aplicar la ley de segunda oportunidad?

Si estás demandando a alguien por impago y el demandado se encuentra en una situación de insolvencia, puedes solicitar la ley de segunda oportunidad para reducir los intereses moratorios asociados a la demanda. Para ello, el demandado debe solicitar una exención legal para poder aplicar la ley.

demanda judicial impago

¿Cómo recurrir una demanda judicial por impago paso a paso?

Si recibiste una demanda judicial por impago, puedes recurrirla para defender tu causa. El proceso es el siguiente:

1) Solicitar la no admisión de la demanda ante el juez a través de un escrito.

2) Presentar una demanda contrapuesta en la que se demande el rechazo de la demanda inicial.

3) Si estás demandado, puedes solicitar la suspensión temporal del procedimiento hasta recibir asistencia legal o presentar tu demanda.

4) El juez emitirá una resolución fallando a favor o en contra de tu demanda.

Ahora que ya sabes todo sobre la demanda judicial por impago, esperamos haberte ayudado a entender mejor el tema. Recuerda siempre recurrir a asesoría legal si tienes alguna duda y/o consulta antes de demandar a alguien. ¡Esperamos que tengas éxito en tu demanda!

Coméntanos tu experiencia sobre esto y si consideras útil la ley de segunda oportunidad. Gracias por leer este post.

Conclusión y Próximos Pasos

En conclusión, la defensa frente a una demanda judicial por impago requiere de una estrategia legal meticulosa y una gestión cuidadosa de los procedimientos. Hemos explorado las diversas etapas y consideraciones clave que deben tenerse en cuenta para articular una defensa efectiva. Es esencial comprender que cada caso es único y debe ser evaluado en detalle para determinar el mejor curso de acción.

Los próximos pasos en la defensa de una demanda por impago incluyen:

  1. Revisión Final de la Documentación: Asegurarse de que toda la documentación relevante ha sido recopilada, revisada y está lista para ser presentada en el juicio.
  2. Presentación de la Contestación a la Demanda: Redactar y presentar la contestación a la demanda dentro de los plazos establecidos, incluyendo todas las alegaciones de fondo y excepciones procesales pertinentes.
  3. Propuestas de Acuerdo Extrajudicial: Considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con la parte demandante, lo cual podría resultar en una solución más rápida y menos costosa para ambas partes.
  4. Preparación para la Vista Oral: Preparar todos los argumentos y pruebas que se presentarán en la vista oral, y asegurarse de que los testigos estén listos y disponibles para testificar si es necesario.
  5. Recursos contra Resoluciones Interlocutorias: Estar preparado para presentar recursos contra cualquier resolución interlocutoria que pueda ser adversa a los intereses de la parte demandada.
  6. Pruebas a Presentar en Juicio: Organizar y preparar las pruebas que se presentarán en juicio, incluyendo documentos, testimonios y cualquier otro medio probatorio que respalde la defensa.
  7. Asistencia a la Vista Oral: Asistir a la vista oral, presentar los argumentos de defensa y las pruebas, y responder a las preguntas del juez o de la parte contraria.
  8. Seguimiento Post-Juicio: Después del juicio, realizar un seguimiento de la sentencia y, si es necesario, preparar y presentar un recurso ante una instancia superior.

Es importante recordar que el asesoramiento legal personalizado es fundamental en todas las etapas del proceso. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente la consulta con un abogado especializado en derecho procesal para garantizar la mejor defensa posible ante una demanda por impago.

Las acciones descritas deben ser llevadas a cabo respetando siempre la normativa regulatoria de cumplimiento de aplicación española, y teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto y las actualizaciones legislativas que puedan influir en el proceso judicial.

Referencias legales

En el contexto de la defensa de una demanda judicial por impago, es esencial tener en cuenta las siguientes referencias legales que conforman el marco normativo aplicable en España:

  1. Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889):
  • Artículos 1961 a 1973 bis, que regulan la prescripción de las acciones y derechos.
  • Artículo 1911, que establece la responsabilidad universal de los deudores con todos sus bienes presentes y futuros.
  1. Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero):
  • Artículos 517 a 518, que establecen la fuerza ejecutiva de los títulos judiciales y extrajudiciales.
  • Artículos 575 a 607, que regulan el proceso de ejecución forzosa y los embargos.
  • Artículo 584, que especifica los porcentajes aplicables al embargo de salarios, sueldos y pensiones.
  1. Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de febrero de 1946):
  • Artículo 129, que regula la ejecución hipotecaria y la posibilidad de adjudicación de bienes en pago de deudas.
  1. Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015, de 28 de julio):
  • Regula los mecanismos de exoneración de deudas para personas físicas insolventes.
  1. Ley Concursal (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo):
  • Regula los procedimientos concursales y la posibilidad de alcanzar acuerdos de refinanciación o de pagos con los acreedores.
  1. Ley de Contratos de Crédito al Consumo (Ley 16/2011, de 24 de junio):
  • Establece las condiciones de los contratos de crédito y las obligaciones de las partes.
  1. Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre):
  • Artículos 87 a 96, que regulan los intereses de demora y las cláusulas abusivas en contratos con consumidores.
  1. Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril):
  • Artículo 30, que establece obligaciones en relación con la diligencia debida de las entidades financieras.
  1. Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género:
  • Medidas de carácter económico que pueden afectar a la capacidad de pago de deudores en situaciones de vulnerabilidad.
  1. Jurisprudencia relevante del Tribunal Supremo:
  • Sentencias que interpretan y aplican las normas anteriores en casos de impago, prescripción de deudas, embargos y procedimientos de ejecución.

Es importante consultar el texto actualizado de cada una de estas normas y sentencias, así como estar atento a las posibles reformas legislativas y pronunciamientos judiciales que puedan afectar a la materia tratada.

 

José Ruz Martín
Colegiado 25366 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

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Demanda Judicial por Impago | Lo que debes saber
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Demanda Judicial por Impago | Lo que debes saber
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