El procedimiento monitorio es una herramienta legal utilizada en España para reclamar deudas de manera ágil. Uno de los aspectos más relevantes es el plazo de 20 días para que el deudor actúe tras recibir el requerimiento de pago. Es crucial entender los plazos del monitorio son 20 días hábiles o naturales. Esta distinción afecta las opciones y el tiempo disponible para responder ante una reclamación de deuda.
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Plazo de 20 días en el monitorio
El plazo de 20 días que se asigna al deudor es un aspecto crucial dentro del procedimiento monitorio. Este período determina las acciones que puede llevar a cabo el deudor en respuesta al requerimiento de pago y puede influir significativamente en el resultado del procedimiento.
Diferencia entre días hábiles y días naturales
Para entender correctamente el plazo de 20 días, es fundamental distinguir entre días hábiles y días naturales. Los días hábiles son aquellos en los que los tribunales están operativos, excluyendo sábados, domingos y festivos. Por el contrario, los días naturales incluyen todos los días de la semana, sin excepciones.
La consideración de días hábiles resulta ventajosa para el deudor, ya que le otorga un mayor tiempo para actuar. Por ejemplo, si un deudor recibe el requerimiento de pago un viernes, los 20 días hábiles comenzarían a contarse a partir del lunes siguiente. Esto da al deudor una semana adicional para preparar su respuesta o, si lo prefiere, para liquidar la deuda.
¿Cómo se cuenta? Hábiles o naturales
En el contexto del procedimiento monitorio en España, los plazos para contestar un juicio monitorio son un aspecto crucial que requiere un análisis detallado. Según la normativa vigente, una vez que el deudor recibe la notificación del requerimiento de pago, dispone de un plazo de 20 dias para presentar su oposición. Este plazo es esencial para garantizar el derecho de defensa del deudor y para asegurar la celeridad del procedimiento.
Es importante destacar que la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula este procedimiento, no especifica de manera explícita si estos 20 dias deben considerarse como días naturales o hábiles. Esta ambigüedad puede generar confusión y afectar el desarrollo del proceso. Por lo tanto, es fundamental interpretar correctamente la normativa aplicable para evitar errores procesales que puedan perjudicar a las partes involucradas.
En la práctica, la interpretación más común es que los 20 dias se consideran hábiles, excluyendo los días inhábiles como fines de semana y festivos. Esta interpretación se alinea con el principio general de cómputo de plazos en los procedimientos civiles, donde, salvo disposición en contrario, los plazos se computan en días hábiles.
Cómo se computa el plazo de 20 días
El cómputo del plazo de 20 días hábiles se realiza contando únicamente los días en que los juzgados están abiertos. Si alguna de las fechas límite coincide con un día no hábil, como un fin de semana o un festivo, se trasladará al siguiente día hábil. Esto es especialmente importante para los deudores, ya que pueden beneficiarse de un tiempo extra si el plazo se ve interrumpido por días no laborables.
Por ejemplo, si el requerimiento se notifica el día 1 de marzo, y ese mes tiene varios festivos, los 20 días se contarán sumando solo aquellos días que son hábiles. Por lo tanto, es crucial que los deudores se mantengan informados sobre el calendario laboral y los festivos nacionales y locales para calcular con precisión el tiempo que tienen disponible.
Consecuencias de no actuar dentro del plazo
No cumplir con el plazo de 20 días hábiles puede llevar a consecuencias significativas para el deudor. Si no se efectúa el pago de la deuda ni se presenta una oposición fundamentada dentro de este plazo, el monitorio prosigue y se considera que el deudor no ha respondido al requerimiento. Esto permite al acreedor solicitar la ejecución forzosa de la deuda.
La ejecución forzosa implica que el acreedor puede iniciar trámites para embargar bienes del deudor sin necesidad de presentar una nueva demanda. La falta de acción durante el plazo estipulado puede resultar en costos adicionales y afectaciones en la situación financiera del deudor, ya que se exponen a embargos o a otros procedimientos sancionadores.
Es aconsejable que los deudores actúen con celeridad y examinen sus opciones dentro del marco legal establecido antes de que se agoten los plazos. La atención a los detalles y el cumplimiento de los plazos oportunos son fundamentales para proteger sus derechos y minimizar riesgos en un procedimiento monitorio.
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